Una mujer embarazada y su hijo vuelan de regreso a Ghana tras estar detenidos más de una semana en el aeropuerto de Dulles
Por Andy Rose y Isa Mudannayake, CNN
Una mujer embarazada y su hijo de 4 años —quienes pasaron más de una semana confinados en “una habitación sin ventanas, con una sola cama y un inodoro” en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles tras haber llegado con visas de turista— se encuentran en un vuelo de regreso a su país de origen, Ghana, en cumplimiento de una orden emitida este viernes por una jueza federal, según informó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Virginia.
“Nos han informado que la Sra. Gyasi y su hijo ya están a bordo del avión. El tribunal solicitó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que presentara una notificación para confirmar que ella y su hijo salieron del país, y esperamos que dicha notificación sea presentada ante el tribunal en breve”, declaró a CNN Eden Heilman, directora legal de la ACLU de Virginia.
Anabella Gyasi y su hijo de 4 años, que pasaron más de una semana confinados en “una habitación sin ventanas con una sola cama y un inodoro” en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles tras llegar con visas de turista, tienen permitido regresar a su país de origen, Ghana, la noche del viernes, ordenó una jueza federal.
La jueza federal de distrito Leonie Brinkema señaló en su orden que “el bienestar de los peticionarios y los intereses de la justicia se protegen mejor al permitir que regresen a casa de inmediato”.
Gyasi y su hijo tomaron un vuelo a Ghana la noche de este viernes, dijo a CNN un portavoz de la ACLU de Virginia, que ha brindado representación legal a Gyasi.
Antes, Brinkema dijo este viernes al Gobierno de Estados Unidos que la mujer embarazada, que viajó desde Ghana para una cita médica de su hijo y que también reconoció ante las autoridades que planeaba solicitar asilo, debía salir de la sala de detención del aeropuerto antes de que terminara el día.
“Ella no puede pasar la noche de hoy en Dulles”, declaró Brinkema —nombrada para el cargo federal por el presidente Clinton—, en una audiencia en Alexandria, Virginia. “De una forma u otra, vamos a sacarla de allí”, añadió.
Sus abogados han argumentado que la detención de su clienta en el aeropuerto ha sido ilegal. Por su parte, el Gobierno ha sostenido que su visa de turista carecía de validez, dado que Gyasi “admitió bajo juramento… que su intención no era abandonar Estados Unidos para regresar a Ghana”.
Después de que un juez de inmigración denegara su solicitud de asilo el miércoles, lo que prácticamente imposibilita que Gyasi y su hijo permanezcan en el país, su equipo legal indicó que su principal preocupación ahora es su bienestar durante lo que se ha convertido en una escala indefinida.
“Nos complace enormemente que la jueza reconociera un principio fundamental: que ningún ser humano debería ser detenido bajo las condiciones en las que se encontraba nuestra clienta en el aeropuerto de Dulles, en una habitación sin ventanas y sin acceso a una alimentación adecuada ni a atención médica”, afirmó Mary Bauer, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Virginia, entidad que ha asumido la representación legal de Gyasi.
El caso de Gyasi es uno de los más recientes en ser impugnados ante el sistema judicial federal, el cual se enfrenta a dificultades para dar abasto ante las agresivas medidas adoptadas por el actual Gobierno con el fin de maximizar el número de inmigrantes expulsados de Estados Unidos e intensificar los controles de seguridad sobre los visitantes que ingresan con visas de no inmigrante.
Gyasi, de 38 años, llegó a Estados Unidos con una visa de turista tras obtener una cita para su hijo en el Hospital Infantil de Akron para una evaluación de una posible cirugía para corregir graves anomalías físicas que afectan a los dedos de ambas manos, según consta en la petición. Habían viajado a Estados Unidos para recibir tratamiento dos años antes, pero los médicos le dijeron que su hijo era demasiado pequeño para la cirugía en ese momento. Sus visas de turista vencen en 2028, de acuerdo con la petición.
En lugar de poder abordar su vuelo de conexión a Ohio, la ciudadana ghanesa, que tiene cuatro meses y medio de embarazo, y su hijo fueron “encerrados en una sala de espera” en el aeropuerto y “se les negó comida y atención médica adecuadas”, según la petición.
Fueron detenidos después de que Gyasi “revelara su temor a regresar a Ghana debido a la persecución que ella y su hijo sufrían”, durante un interrogatorio en la Aduana de Estados Unidos, de acuerdo con las alegaciones del documento.
Gyasi, maestra de profesión, declaró a las autoridades que su madre “es una sacerdotisa tradicional y que, al ver a mi hijo de bebé y su discapacidad, me dijo que debía matarlo”, según la transcripción oficial de su declaración a un agente de inmigración.
Gyasi “alegó temor a regresar a Ghana, fue entrevistada para determinar si existía temor fundado por un funcionario de asilo y un juez de inmigración revisó dicha determinación negativa, confirmando la del funcionario. Por lo tanto, su orden de deportación acelerada está lista para ejecutarse, lo que implica su expulsión a Ghana”, escribió el Gobierno en la demanda.
La madre fue hospitalizada dos veces la semana pasada, primero por mareos y luego por sangrado vaginal, según la petición, lo que, de acuerdo con los médicos, se debió a estrés e hipertensión. El personal médico también estaba preocupado porque no comía lo suficiente y la alimentó. Incluso le dieron comida para llevar, según alegan sus abogados en el documento judicial.
De acuerdo con la transcripción de los documentos judiciales, la mujer declaró a las autoridades que ni ella ni su hijo estaban familiarizados con la comida estadounidense y que esta la estaba enfermando y debilitando.
Cuatro días después de su llegada, y tras repetidas solicitudes de más comida, la petición indica que Gyasi accedió a ser deportada, “por temor a perder a su hijo por nacer”.
“Como estoy embarazada, me siento cada día más débil”, le dijo a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), según la transcripción oficial.
Su hijo “había pasado gran parte del día llorando por el hambre”, y los agentes de la CBP supuestamente le negaron la solicitud de comprar comida, “diciéndole que solo podía acceder a la comida que le proporcionaban”, de acuerdo con la petición.
Pero después de que inicialmente accediera a retirar su solicitud de asilo, los agentes “le ofrecieron la comida que quisiera” y le permitieron a ella y a su hijo ducharse por primera vez desde su detención, según su petición.
Los abogados de Gyasi afirmaron que su acuerdo de autodeportación se debió a la “desesperación por la salud y el bienestar” de su hijo y su bebé por nacer, y que “no deseaba renunciar a sus solicitudes de asilo”.
“Estas celdas sin ventanas nunca fueron diseñadas para la detención a largo plazo”, declaró Eden Heilman, abogada principal de Gyasi en la ACLU de Virginia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que las acusaciones de maltrato “son falsas”.
“Todas las personas bajo custodia de la CBP, incluida esta persona, tienen acceso a la atención médica adecuada, que incluye evaluación médica, medicamentos y alimentos”, declaró un portavoz del DHS a CNN el jueves. “La persona se encuentra actualmente bajo custodia de la CBP en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y permanecerá bajo custodia en espera de su audiencia de inmigración”.
Gyasi declaró bajo juramento ante las autoridades de inmigración que había estado investigando la posibilidad de solicitar asilo “durante los últimos dos años”, después de que los agentes revisaran su teléfono y encontraran un historial de búsquedas sobre el tema, según escribió un agente de la CBP. Añadió que también había considerado solicitar asilo en Canadá y en Australia.
Sus abogados argumentan que está siendo castigada por su honestidad.
“Si no hubiera revelado su temor a ser perseguida en su país, aún podría haber entrado con una visa de turista”, declaró Heilman a CNN. “Desafortunadamente, debido a su honestidad y a que compartió sus preocupaciones, está en esta categoría especial de solicitante de asilo”.
La respuesta del Gobierno indica que un juez de inmigración ya denegó la solicitud de asilo de Gyasi y que el Gobierno “iniciará el proceso para ejecutar la orden de deportación de los peticionarios a Ghana”, pero no especificó cuánto tiempo podría durar dicho proceso.
Brinkema dijo en la audiencia de este viernes que Gyasi y su hijo podrían salir de Virginia y ser deportados solo si el Gobierno garantiza que ella ya no sería retenida en Dulles mientras se procesa esa deportación.
La jueza dio al Gobierno de Trump un plazo hasta las 2 p.m., hora local, para demostrar que habían organizado para Gyasi y su hijo un vuelo directo de regreso a Ghana antes de que terminara el día, muestran los registros judiciales.
Los abogados de Gyasi afirman que los agentes de la CBP parecían centrarse en el hecho de que estaba embarazada cuando la detuvieron por primera vez, y creen que esto se debe a la iniciativa del presidente Donald Trump para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, según la cual los niños nacidos en Estados Unidos son automáticamente ciudadanos estadounidenses.
“Ella es solo una de las muchas mujeres embarazadas que han sido detenidas en cifras alarmantes a raíz del decreto del presidente Trump que busca acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y esto tiene que parar”, declaró la abogada de ACLU Sophia Gregg el miércoles.
La política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que data del Gobierno de Obama, establece que las mujeres embarazadas no deben ser detenidas a menos que existan “circunstancias extraordinarias” que lo justifiquen.
Esa política fue derogada hace un año por el comisionado interino de la CBP, Pete Flores, quien afirmó que tanto esta como otras políticas relativas a los detenidos vulnerables eran “obsoletas o incompatibles con las directrices actuales de la agencia y las políticas de control migratorio”. Sin embargo, el Gobierno de Trump no ha modificado la política que establece que “los detenidos generalmente no deben permanecer más de 72 horas en las salas o centros de detención de la CBP”.
“La Sra. Gyasi está cumpliendo todas las normas que se le impusieron, pero la CBP no”, declaró Movasseghi.
Aunque las esperanzas de Gyasi de que ella y su hijo pudieran permanecer en Estados Unidos se desvanecieron en el tribunal federal este viernes por la mañana, la jueza insistió en una cosa: no más noches en una habitación sin ventanas.
“Ella no va a pasar la noche en Dulles”, reiteró Brinkema al final de la audiencia.
Esta historia fue actualizada con nuevos desarrollos.
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Con información de Chelsea Bailey y Kaanita Iyer, de CNN.
