La Corte Suprema podría ratificar programas destinados a llevar internet a zonas rurales y pobres de EE.UU.
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema se mostró comprensiva este miércoles con una serie de programas destinados a expandir el internet de alta velocidad en comunidades rurales y pobres, a pesar de la impugnación de un grupo conservador que alega que el financiamiento de dicha iniciativa viola los principios de separación de poderes.
Tras casi tres horas de debate, varios de los conservadores de la corte, junto con todos los liberales, expresaron su preocupación por un fallo que podría alterar drásticamente el funcionamiento de otras agencias federales, como la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
Si la corte ratifica la estructura de financiamiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para estos programas, representaría un cambio con respecto a su tendencia de los últimos años de limitar significativamente la facultad de las agencias para actuar sin la aprobación explícita del Congreso.
“Estos son los servicios que todos damos por sentado, pero que no se pueden dar por sentados en las zonas rurales de Dakota del Norte”, declaró la jueza Elena Kagan, miembro del ala liberal de la corte, al resumir su interpretación de la ley. Y lo que este programa dice es que los ciudadanos rurales de Dakota del Norte también deberían recibir lo que el resto de nosotros hemos tenido durante mucho tiempo.
El Congreso creó el Fondo de Servicio Universal en 1996 para financiar la expansión de la banda ancha y el servicio telefónico en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos del país. Las empresas de telecomunicaciones aportan miles de millones a ese fondo —un costo que se traslada a los consumidores— para financiar programas como E-Rate, que reduce el costo del internet de alta velocidad para bibliotecas y escuelas.
Un grupo conservador de concienciación del consumidor impugnó ese fondo por considerarlo una “delegación” inconstitucional de la facultad del Congreso para recaudar impuestos. Peor aún, argumenta el grupo, una entidad privada calcula la cantidad de dinero que debe aportarse. La Corte Suprema no ha invocado la doctrina de no delegación —o la idea de que el Congreso no puede delegar su autoridad— desde la década de 1930. Durante décadas, ha permitido las delegaciones bajo ciertas condiciones.
Los grupos conservadores han argumentado que las agencias federales han pervertido los principios de separación de poderes, permitiendo que las agencias gubernamentales tomen la iniciativa en decisiones difíciles que, según afirman, deberían dejarse en manos de los legisladores. En este caso, afirmaron, también ha permitido al Congreso evitar pagar un precio político por los impuestos.
Varios de los conservadores de la corte, incluyendo a los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, insistieron firmemente en la idea de que había poca rendición de cuentas por la forma en que el Gobierno ha estructurado el programa. “Esto es simplemente un impuesto directo, sin límite numérico ni tope”, dijo Gorsuch. “Tenemos un impuesto que no se parece a ningún otro impuesto que esta corte haya aprobado”.
Pero otros conservadores, incluyendo a los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett —ambos votos clave— se mostraron escépticos de que establecer un límite a la cantidad que el fondo podría recaudar resolvería los problemas planteados por los críticos.
“Su postura diría que una solución al problema… podría ser un límite de un billón de dólares”, dijo Kavanaugh.
Esa cifra, dijo, “podría ser muy alta. Y entonces la pregunta es: ¿Qué estamos logrando exactamente?”
La ley permite a la FCC recaudar una cantidad “suficiente” de fondos para lograr el objetivo general del acceso universal a las telecomunicaciones.
“Si coincidimos con usted, diríamos que ‘suficiente’ no es suficiente, pero ‘un billón de dólares’ sí lo es, y creo que mucha gente diría: ‘Eso no tiene mucho sentido’”, dijo Kavanaugh.
El inusual contexto político del caso creó una dinámica sorprendente durante los argumentos del miércoles, en la que el ala liberal de la corte pareció ponerse del lado de la abogada que representa a la administración Trump, la Procuradora General en funciones, Sarah Harris.
“Las partes más fáciles de un argumento son aquellas en las que simplemente hay que decir ‘sí’ a todo”, bromeó Kagan con Harris después de que esta diera una serie de respuestas afirmativas a la jueza Sonia Sotomayor.
Harris enfrentó un cuestionamiento mucho más duro por parte de los jueces conservadores más firmes.
El Gobierno de Biden apeló un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. que anuló el mecanismo de financiación. Bajo el Gobierno de Trump, el Departamento de Justicia continuó el caso, advirtiendo al tribunal en un escrito que “el Congreso se ha basado en el enfoque tradicional de este tribunal” sobre el tema para promulgar legislación que autoriza a las agencias a controlar la competencia desleal, supervisar la industria de valores y garantizar la seguridad de los alimentos y medicamentos.
En los últimos años, la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema ha reducido considerablemente la facultad de las agencias federales para actuar por sí mismas. El caso más reciente fue el año pasado, en una decisión de 6-3 que anuló un precedente de 1984 que obligaba a los tribunales a respetar las regulaciones de las agencias en diversas circunstancias. El poder de las agencias federales se expandió drásticamente tras el New Deal, según el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría, y los tribunales se habían alejado demasiado de su criterio independiente sobre si una agencia había violado la ley.
Esta decisión se produjo tras un fallo contundente en 2022 que adoptó la llamada doctrina de las cuestiones importantes, que prohíbe a cualquier agencia emitir una norma con importantes repercusiones económicas o políticas sin la aprobación explícita del Congreso.
Se espera una decisión en junio.
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