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Deportan de EE.UU. a México a unos padres que buscaban tratamiento para el cáncer cerebral de su hija estadounidense

Por Polo Sandoval, CNN

Los padres indocumentados de una ciudadana estadounidense de 10 años cuya familia fue deportada a México dicen que están buscando desesperadamente una manera para que cualquiera de ellos pueda regresar a Estados Unidos para que la niña pueda continuar el tratamiento de cáncer cerebral.

El tratamiento de la niña se interrumpió en febrero, cuando ella, sus padres y cuatro de sus hermanos fueron detenidos en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Texas y posteriormente expulsados de EE.UU. a México tras la decisión de los padres de llevarse a sus hijos con ellos en lugar de separarse, según el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por sus siglas en inglés), una organización de inmigración sin fines de lucro que representa a la familia.

Los padres “no tienen antecedentes penales”, según Danny Woodward, abogado de TCRP. Todos menos uno de los hijos de la pareja son ciudadanos estadounidenses, según TCRP.

En el momento en que fueron detenidos, los padres –que pidieron ser identificados únicamente por los seudónimos “Juan” y “María” por motivos de seguridad– habían estado llevando a su hija a un centro médico de Houston para que recibiera atención continua después de que en 2024 se le diagnosticara un tumor cerebral y posteriormente fuera operada.

Llevar a su hija al centro médico suponía un viaje de cinco horas desde su lugar de residencia, el Valle del Río Grande, en Texas, junto a la frontera con México. También significaba pasar un puesto de control de la Patrulla Fronteriza dentro del estado para llegar al hospital.

Estos puestos de control federales están diseñados para detectar contrabando y migrantes indocumentados que se adentran en el interior del país.

En una declaración en video facilitada a CNN por TCRP, la madre dijo que el viaje a Houston –un trayecto de 563 kilómetros– era “rutinario” hasta el 3 de febrero.

“Esta vez fuimos detenidos y nos enfrentamos a la decisión más difícil de tomar, que era separarnos permanentemente de nuestros hijos, o ser deportados juntos”, dijo la madre en la declaración, mientras luchaba por contener las lágrimas.

La niña empezó a sufrir dolores de cabeza y mareos la mañana del 3 de febrero, lo que llevó a sus padres a seguir las órdenes del médico y volver inmediatamente al hospital, según Woodward.

Con una carta del médico en la mano en la que se explicaba el grave estado de la niña, el vehículo de la familia se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza en un puesto de control en Sarita, Texas, a unos 145 kilómetros de viaje.

“La familia había pasado por el puesto de control de Sarita varias veces para ir a citas médicas postoperatorias utilizando esta carta y por esa razón no estaban preocupados”, dijo Woodward a CNN.

Pero en lugar de la autorización rutinaria, María, Juan y los cinco niños fueron interrogados durante horas y trasladados al sur, a un centro de procesamiento federal, donde pasaron la noche. Al día siguiente, las autoridades de inmigración los llevaron a un puerto de entrada cercano y los acompañaron a través de la frontera entre México y Estados Unidos, explicó Woodward.

El hijo mayor de la pareja, que también es ciudadano estadounidense, no viajaba con la familia en ese momento y permanece en Estados Unidos, según TCRP.

El abogado de inmigración describe la situación de la pareja en Texas como “una vida sana tratando de criar a sus hijos”. Ellos “trabajaban en el sector agrícola haciendo cosas como empacar frutas y verduras en plantas empacadoras” y “no tenían antecedentes penales ni nada parecido”, dijo Woodward.

María añadió que ella y su marido están preocupados por otro de sus hijos, que es ciudadano estadounidense, ya que padece del corazón.

En respuesta a una solicitud de comentarios de CNN sobre la versión de los hechos presentada por TCRP, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos declaró: “Los hechos relatados son inexactos. Cuando alguien recibe una orden de expulsión acelerada y decide hacer caso omiso de ella, se enfrentará a las consecuencias previstas en el proceso de expulsión acelerada para personas con órdenes de expulsión”.

El portavoz de la agencia añadió que CBP no puede hacer comentarios sobre los detalles del caso, alegando razones de privacidad.

En respuesta a la declaración de CBP, TCRP dijo a CNN: “Creemos que había una orden de expulsión anterior de años atrás, pero no había expulsión acelerada documentada en sus documentos de deportación actuales, y a pesar de cualquier orden, la familia siempre ha podido cruzar el puesto de control para acceder a la atención que su hija (ciudadana estadounidense) necesitaba”.

Defensores de los migrantes llevan mucho tiempo expresando su preocupación por las llamadas familias migrantes con estatus mixto, es decir, aquellas cuyos padres tienen hijos ciudadanos estadounidenses pero carecen de estatus legal para estar ellos mismos en el país. En estos casos, los padres inmigrantes pueden tener que tomar decisiones angustiosas, como les ocurrió a María y Juan: separarse de sus hijos o abandonar el país juntos.

El Gobierno de Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que deportará a todos los inmigrantes indocumentados. Eso incluye a los padres indocumentados de aproximadamente 4,4 millones de niños que son ciudadanos estadounidenses, según la organización sin ánimo de lucro American Immigration Council, con sede en la ciudad de Washington.

Antes de ocupar oficialmente el cargo de “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan declaró a CBS News en octubre que “las familias pueden ser deportadas juntas”, cuando se le preguntó si había alguna forma de evitar la separación familiar.

Otros sostienen que deportaciones como las de María y Juan no contribuyen a aumentar la seguridad de Estados Unidos.

La expulsión de la niña que se está recuperando y de su familia “no hace que nuestro país ni ningún niño estén ‘más seguros’, sino que infunde traumas y consecuencias que ponen en peligro la vida de comunidades enteras. Estamos consternados, pero lamentablemente no sorprendidos, al oír hablar del trato y las condiciones inhumanas”, declaró Kelly Albinak Kribs, codirectora del programa de asistencia técnica del Young Center for Immigrant Children’s Rights, en un comunicado.

María y Juan se preparan ahora para solicitar al Gobierno estadounidense una oportunidad de volver a entrar legalmente en Estados Unidos con su hija.

“Su esperanza es que el Gobierno les conceda algún tipo de libertad condicional humanitaria para que uno de los progenitores, o los dos, puedan volver a entrar, con el fin de acceder al tipo de tratamiento médico que su hija necesita”, dijo Woodward.

María hizo hincapié en su petición en su declaración en video: “Ayúdennos a regresar para que nuestra pequeña pueda seguir recibiendo la atención médica que necesita. Ella no merece sufrir de esta manera. El cáncer ya le ha llevado suficiente sufrimiento”.

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