EE.UU. anuncia nuevos aranceles del 25 % a Brasil por prácticas comerciales “desleales” y Lula da Silva responde
Por Stephanie Yang, CNN
Estados Unidos planea imponer un arancel del 25 % a ciertas importaciones brasileñas a partir de la próxima semana, tras concluir una investigación de un año que determinó que el país había incurrido en prácticas comerciales “desleales”.
Se trata de uno de los primeros aranceles nuevos que se imponen desde que el presidente Donald Trump prometió restablecer estas medidas, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los fundamentos de sus cargas a las importaciones a principios de este año.
El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció las medidas contra Brasil en un comunicado emitido a última hora del miércoles, señalando que la investigación estadounidense concluyó que las políticas brasileñas perjudican los intereses de los estadounidenses en ámbitos que van desde el comercio digital y el acceso al mercado del etanol hasta la deforestación ilegal.
“El presidente Lula y su gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. “Sus políticas económicas son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa actitud”.
Los aranceles entrarán en vigor el 22 de julio.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “no existe justificación” para estos aranceles “ilegales e impuestos arbitrariamente”. A través de X, anunció que Brasil adoptará contramedidas en virtud de su Ley de Reciprocidad y buscará, al mismo tiempo, una solución a través de la Organización Mundial del Comercio.
El arancel se aplicará a una amplia gama de productos brasileños, pero quedarán exentas ciertas exportaciones clave —como el café, la carne de res, los aguacates, las nueces de Brasil, los aceites de petróleo y las piezas de aeronaves—, según un aviso publicado por la oficina del USTR.
Greer declaró que Estados Unidos mantiene su disposición a continuar las negociaciones con Brasil para resolver estas cuestiones.
Estados Unidos inició la investigación preliminar sobre Brasil el pasado mes de julio en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, diseñada para abordar prácticas extranjeras que afectan al comercio y la competitividad de EE.UU.
Ese mismo mes, Trump anunció un arancel del 50 % para Brasil —medida que posteriormente se descartó— y acusó a su gobierno de violaciones de los derechos humanos. Trump había amenazado con imponer medidas económicas si Brasil no ponía fin al proceso judicial contra el expresidente derechista Jair Bolsonaro.
Brasil también ha sido incluido en una investigación independiente de la Sección 301, llevada a cabo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de decenas de países. Se espera que dicha investigación, que concluirá la próxima semana, derive en un arancel adicional del 12,5 %, lo que elevaría la carga arancelaria de Brasil al 37,5 %.
La Sección 301 se invoca con mayor frecuencia contra países que mantienen un superávit comercial significativo con EE.UU., como China, que el año pasado exportó bienes por un valor US$ 202.100 millones superior al de sus importaciones desde Estados Unidos. El superávit comercial de bienes de EE.UU. con Brasil fue de US$ 14.400 millones el año pasado, lo que supone un aumento del 112,8 % respecto al año anterior.
Esta última medida se produce más de un año después de que Trump anunciara una batería de aranceles contra los socios comerciales de EE.UU. y sobre productos importados clave, como el acero y el aluminio, elevando así el tipo arancelario efectivo del país a su nivel más alto desde la Gran Depresión.
Los aranceles —ya fueran amenazas o medidas aplicadas— sacudieron la economía mundial, pusieron a prueba las relaciones con aliados históricos e impulsaron a varios países a cerrar acuerdos comerciales con Washington para mitigar los daños.
Sin embargo, en febrero de este año, la Corte Suprema asestó un duro golpe a la política arancelaria del presidente. El tribunal dictaminó que el mandatario se había extralimitado en sus competencias al invocar los poderes de emergencia que sustentaban sus gravámenes de mayor alcance.
Tras el fallo, la administración optó por un plan alternativo más complejo —un arancel global del 10 % cuya vigencia expira a finales de este mes— y puso en marcha nuevas investigaciones al amparo de la Sección 301.
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