Delcy Rodríguez pide reformar la “ley contra el odio” para “corregir desviaciones” en su aplicación
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este martes a la Asamblea Nacional que reforme con urgencia la Ley contra el Odio, un criticado marco legal que según organizaciones de derechos humanos ha sido usado para perseguir a opositores.
Rodríguez dijo en sus redes sociales que solicitó al parlamento la “reforma parcial” del texto “para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación”.
Además, dijo que la iniciativa “busca abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.
Aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Constituyente, de la que Rodríguez era titular, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia prohíbe los partidos y las organizaciones políticas que se considere que promuevan “el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”.
También contempla que los partidos y las organizaciones políticas que no se apeguen a la norma pierdan su inscripción, y que los medios de comunicación electrónicos, por orden del Estado, deban difundir mensajes de “promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad”, y prevé penas de hasta 20 años contra quienes promuevan o cometan estos delitos.
Varios líderes opositores y organizaciones civiles han denunciado la ley como contraria a la democracia. En abril de 2024, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo que se trata de “normativas arbitrarias que buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano”.
En febrero, el titular de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, reconoció que ha habido una “mala utilización” de dicha ley, por lo cual dijo que debe ser revisada y eventualmente reformada, aunque el anuncio no tuvo novedades hasta ahora.
El mensaje de la mandataria encargada llega días después del cierre del segundo ciclo de diálogos entre el chavismo y un sector en la oposición, que tuvo en su agenda la discusión de libertades políticas y la revisión de normas. El opositor Sergio Vergara había adelantado que se abordarían normas como la Ley contra el Odio, la de fiscalización y control de las ONG o la ley Simón Bolívar contra quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios.
Rodríguez pidió celeridad a la Asamblea Nacional, “visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación”.
La Asamblea Nacional de Venezuela debatirá este martes la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, en línea con lo acordado en los diálogos entre el chavismo y un sector de la oposición como parte de las reformas del sistema judicial del país, señalado por su cercanía al oficialismo.
La decisión de ampliar el comité de postulaciones que evaluará a los próximos jueces fue apoyada por unanimidad en el Parlamento a inicios de septiembre, para que pase a estar integrado por 23 personas, 11 de ellas diputados y 12 representantes de la sociedad civil, en lugar de 21 como estaba establecido. Sectores opositores señalan que el cambio podría otorgar más equidad e independencia para el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, según lo acordado en el diálogo, deben ser cambiados en su totalidad.
El viernes, en el cierre del segundo ciclo de diálogos, las partes anunciaron en un comunicado conjunto a siete juristas que integrarán el consejo encargado de la evaluación. El texto, leído por la jefa de la delegación opositora, la exdiputada Dinorah Figuera, no ofreció detalles sobre su trayectoria, pero declaraciones posteriores y una revisión de antecedentes deja ver que la oposición consiguió una mayoría entre los escogidos.
El exdiputado Juan Miguel Matheus, abogado constitucionalista y miembro de la delegación opositora, destacó el sábado como una “garantía republicana” a cuatro de los siete integrantes del recién nombrado consejo, quienes son “cuatro juristas de reconocida solvencia ética y jurídica, llamados a revisar escrupulosamente las credenciales de quienes aspiren a ejercer las magistraturas del máximo tribunal”. Y agregó: “Sus nombres representan una garantía republicana para el país y, muy especialmente, para el foro jurídico venezolano”.
Los nombres resaltados por el delegado opositor son:
-Belén Ramírez Landaeta: especialista en derecho administrativo. Fue magistrada de la antigua Corte Suprema de Justicia, que fue sustituida por el TSJ en 1999.
-Rogelio Pérez Perdomo: reconocido académico en sociología jurídica, fue profesor y decano de Derecho de la Universidad Metropolitana.
-Bernardo Pulido Márquez: especialista en derecho constitucional. Antes de su carrera académica en EE.UU., defendió a líderes opositores como Leopoldo López. Es abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
-María Bernardoni de Govea: especialista en derecho laboral y seguridad social. Fue ministra de Trabajo entre 1997 y 1999, por lo que es la única del grupo con experiencia en el Poder Ejecutivo.
Los otros tres miembros designados tienen nombramientos o antecedentes ligados al chavismo.
-Silio César Sánchez Zerpa: fue designado en 2015 director ejecutivo de la Magistratura, órgano de apoyo administrativo y operativo del TSJ. En 2022, el Ministerio de Educación lo nombró vicerrector de la estatal Universidad Bolivariana de Venezuela.
-Deyanira Nieves Bastidas: fue magistrada de la sala de casación penal del TSJ entre 2004 y 2015. También formó parte de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial.
Federico Sebastián Fuenmayor Gallo: especializado en derecho constitucional y penal. Fue designado magistrado suplente de la Sala Constitucional del TSJ en un polémico procedimiento dos semanas antes de que el chavismo perdiera la mayoría de la Asamblea en 2015. Firmó sentencias que determinaron que el tribunal asumiría competencias de la Asamblea Nacional en 2017, una decisión luego suprimida.
La Asamblea tiene una aplastante mayoría oficialista entre los 285 diputados, aunque casi un 10 % son de la oposición y otras fuerzas políticas, por lo que resta ver si el chavismo busca también una conformación consensuada de los 11 diputados de la Comisión Preliminar
El procedimiento deberá continuar posteriormente con la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, la convocatoria de candidatos y la evaluación de sus credenciales antes de que corresponda la designación de los magistrados.
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