El desalojo de Maricarmen, de 87 años, causa indignación en España y pone bajo la lupa la crisis de vivienda
Por Pau Mosquera, CNN en Español
Si hay un nombre que ha resonado en España con fuerza estas últimas 48 horas es el de Maricarmen. Mencionarlo evoca una historia de indignación que, a la vez, ha despertado una gran ola de solidaridad espontánea en diferentes ciudades y que pone en el centro de la cuestión uno de los problemas más acuciantes que sufre el país: el del acceso a la vivienda.
La protagonista es María del Carmen Abascal, una vecina de 87 años del distrito de El Retiro que, hasta este miércoles, habitaba en un piso situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Un hogar en el que ha pasado más de 70 años, dice su abogada, Beatriz Duro, a CNN.
Su desahucio, ejecutado en horas de la mañana y ante el descontento de decenas de personas que aguardaban frente al portal de su hogar desde la noche anterior para evitarlo, tuvo un impacto que conmocionó a muchos.
Tanto es así que, durante la tarde de la misma jornada, cerca de 10.000 personas -según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid- se reunieron en la capital española para protestar por la delicada situación de Maricarmen, pero a la vez expresar su frustración por las crecientes dificultades de acceder al mercado de la vivienda.
Inquietudes y muestras de solidaridad que tuvieron eco en otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia.
Actualmente, Maricarmen se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, donde fue trasladada en camilla inmediatamente después de que la expulsaran del piso. La previsión es que siga allí un par de días, relata Duro, a la espera de que le realicen algunas pruebas médicas.
Desde el año 1956, Maricarmen ha vivido en el mismo lugar. En esta vivienda, situada cerca del parque de El Retiro, creció y cohabitó con sus padres hasta que heredó por subrogación el contrato de alquiler.
Se trataba de un contrato de renta antigua por el que pagaba unos US$568 (500 euros) al mes. Sin embargo, todo cambió en el momento que la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión se hizo con la propiedad del apartamento por US$280.787 (247.000 euros) en marzo de 2018.
Ahí inició el calvario de su inquilina, dado que poco después la nueva sociedad propietaria pasó a solicitarle un alquiler hasta cuatro veces superior, teniendo en cuenta que ella recibe una pensión de US$1.478 (1.300 euros), según cuentan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid a CNN.
De ahí, la sociedad propietaria presentó en marzo de 2020 una demanda solicitando la resolución -fin- del contrato, cuenta Duro. Maricarmen ganó el caso en primera instancia, pero la sociedad recurrió en apelación y ganaron el recurso ante la Audiencia Provincial.
Frente a esta situación, Duro presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otro de casación ante el Tribunal Supremo, pero ambos fueron inadmitidos. Paralelamente, Urbagestión presentó la demanda para que se ejecutara el fin del contrato y así recuperar la posesión de la vivienda, lo que se tradujo en hasta cuatro intentos de desahucio.
En octubre de 2025, durante el primer intento, la defensa de Maricarmen frenó la ejecución durante cuatro meses gracias a una previsión de la ley que así lo permite cuando quien insta el desahucio es una persona jurídica, relata.
En junio de 2026, cuando se señaló la segunda fecha, se suspendió durante cerca de un mes por la situación de vulnerabilidad ante la falta de una alternativa habitacional para la inquilina. De ahí que se pospuso, nuevamente, hasta julio, Pero Duro lo volvió a recurrir.
Durante este tiempo y hasta que se materializó el desalojo, el entorno de Maricarmen ha invertido grandes esfuerzos para negociar con Urbagestión soluciones que evitaran este desenlace. Entre otros, Duro destaca que se hizo una mediación a través de Casa 47, la entidad estatal de vivienda, para que compraran el piso y lo alquilara a un precio más razonable.
Incluso este martes, in extremis, una persona anónima se ofreció a pagar parte del alquiler. Pero la sociedad inmobiliaria no mostró interés en ninguna de estas alternativas, detalla su abogada.
CNN ha contactado a la sociedad inmobiliaria con el objetivo de conocer su posición y está a la espera de una respuesta.
Ante este panorama y con el desahucio ya ejecutado, las posibilidades de Maricarmen son pocos halagüeñas. “La situación es desesperada”, asevera Duro. “No tiene alternativa habitacional, (..) sigue sin haber recibido ningún tipo de propuesta, de alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas”.
Las dificultades para acceder a una vivienda, ya sea de compra o alquiler, no son una novedad en España. Las protestas se han multiplicado a lo largo de los últimos años y la presión ha crecido tanto contra las autoridades locales, como contra el Gobierno que lidera el presidente Pedro Sánchez.
Un malestar que se explica por el aumento de los precios de la vivienda y que se siente, particularmente, en las grandes ciudades. En el caso de Madrid, el alquiler a casi que duplicado su precio en una década, pasando de los US$ 14,55 (12,8 euros) por metro cuadrado en agosto de 2016, a los US$ 26,49 (23,3 euros) en agosto de 2026, según datos del portal inmobiliario Idealista.
En cuanto a la compra, el precio del metro cuadrado ha aumentado un 227,9 % en tan sólo diez años. Esto es, pasando de los US$ 3.229 (2.839 euros) el metro cuadrado en agosto de 2016, a los US$ 7.361 (6.471 euros) en agosto de este año, según Idealista.
Unos precios que contrastan con el salario medio en el país, que en 2024 rondó los US$ 33.596 (29.540 euros), según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Es decir, que tomando como base estas referencias, alguien que decida alquilar un piso de 50 metros cuadrados en la capital estará gastando unos US$ 15.894 (13.980 euros) al año en vivienda, lo que supone casi la mitad del salario medio.
Un esfuerzo que compromete la capacidad de ahorro y de hacer frente a otros gastos. Desde la ONU Habitat (el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) estiman que, para que un alquiler sea asequible, se debe destinar menos del 30 % de los ingresos que se generen.
El Banco de España entiende que gran parte de este problema responde a déficit de vivienda que actualmente ronda los 755.00 hogares y que podría alcanzar el millón hasta 2028.
Ante la magnitud alcanzada por este desahucio, la clase política no ha quedado al margen del asunto. Ya no solo porque quienes defendían a Maricarmen los han señalado directamente, sino porque los propios políticos han tomado este episodio como un marco desde el que defenderse o atacar a otros.
Desde el Gobierno español defienden que ellos han intentado comprar, a través del Ministerio de Vivienda y Casa 47, la casa donde residía Maricarmen, para facilitarle un alquiler accesible. Y, a la vez, reprochan al poder local y autonómico no haber hecho anda por ayudarla.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, devolvía la pelota al tejado del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, afirmando este jueves por la mañana que el desahucio fue ejecutado por efectivos de la Policía Nacional, “que la gestiona el Gobierno”, en cumplimiento de una ley “que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas”.
Por su parte, los socios del Gobierno de coalición, los miembros de Sumar, proponen directamente expropiar la vivienda en cuestión. Concretamente, tanto la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, apuestan a que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe el Real Decreto Ley de Vivienda con el que congelar el precio de los alquileres y frenar desahucios como el de este miércoles.
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