“Atrápame si puedes”: la presidencia de Trump sigue encontrando formas de eludir la ley
Análisis de Zachary B. Wolf, CNN
Una lectura básica de la ley sobre la presencia de presidentes en las monedas indica que el rostro de un mandatario en ejercicio no debería figurar en el dinero en circulación. Sin embargo, el del presidente Donald Trump sí aparece, después de que su Departamento del Tesoro se valiera de una ley distinta relativa a las monedas conmemorativas.
La ley establece que un presidente no debe involucrar a las fuerzas armadas de EE.UU. en hostilidades por un periodo superior a 60 días sin la aprobación del Congreso. Estados Unidos lleva más de seis meses en conflicto con Irán, aunque la administración alega haber hecho pausas en la guerra. Presidentes anteriores de ambos partidos han eludido este requisito, pero nada comparable a la guerra de Trump contra Irán.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó de “probablemente ilegal” que Trump demoliera parte de la Casa Blanca para construir otra cosa. No obstante, las obras para terminar el salón de baile de la Casa Blanca que Trump desea disfrutar siguen avanzando.
Todo apunta a que la ley exige la aprobación del Congreso para construir un arco del triunfo junto al Cementerio Nacional de Arlington. La administración no está esperando, y el Departamento del Interior parece listo para iniciar las excavaciones en breve.
La ley dicta que no se debe ejecutar a presuntos delincuentes sin un juicio previo. Sin embargo, las fuerzas armadas de EE.UU. han neutralizado numerosas embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.
La ley establece que es el Congreso quien crea las agencias del gobierno federal, como la USAID, el Departamento de Educación y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Aun así, Trump ha intentado acabar con algunas de ellas, ya sea privándolas de fondos o eliminándolas por completo.
La ley establece que el Congreso decide a dónde debe destinarse el dinero. Eso no impidió que la administración Trump recortara fondos para investigación y ayudas con las que simplemente no estaba de acuerdo.
La ley dicta que el Gobierno no debe entrar en los hogares de las personas sin una orden judicial. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha ejercido esa facultad.
La ley estipula que la Reserva Federal debe operar de manera independiente, pero eso no impide que Trump intente presionar a la Fed para que baje las tasas de interés; la última táctica ha sido amenazar con suspender el comercio con socios clave.
La lista continúa, y con ella, los complejos argumentos jurídicos que ha esgrimido la administración Trump, en aquellas ocasiones en que se ha visto obligada a hacerlo.
Incluso ante reveses judiciales, la administración Trump ha buscado descaradamente formas de eludir la ley.
Un juez dictaminó que la administración Trump no puede ignorar la ley y colocar su nombre junto al de John F. Kennedy en el Kennedy Center. No obstante, la administración planea añadirlo de todos modos mediante una inscripción que atribuye a Trump el mérito de las obras de renovación. Y si no logra colocar el nombre en el edificio, amenaza con demolerlo por completo.
La demolición de edificios que el presidente no debería poder derribar constituye una analogía acertada para toda esta presidencia. Una vez que algo desaparece, desaparece. No importa si eliminarlo fue ilegal.
Roberts se alineó con los magistrados liberales del tribunal para argumentar —en un voto particular que no prosperó— que el proyecto de Trump para el Ala Este de la Casa Blanca debía detenerse por ser “probablemente ilegal”. En su opinión disidente, Roberts citó a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.
“Nosotros damos forma a nuestros edificios y, después, nuestros edificios nos dan forma a nosotros”, había dicho Churchill. Roberts no mencionó que Churchill hizo esos comentarios para defender que la Cámara de los Comunes británica debía reconstruirse tal como estaba antes de ser destruida por las bombas nazis. Churchill quería reconstruirla como un monumento a la forma de gobierno británica.
Trump veía el proyecto del Ala Este de la Casa Blanca como una obra de demolición; una demolición (probablemente) ilegal a ojos de Roberts. Sin embargo, el monumento de Trump a sí mismo —uno de tantos— se está construyendo de todos modos. Solo después de derribar los muros se solicitó al Congreso el dinero de los contribuyentes para financiar el proyecto.
Durante el segundo mandato de Trump, se ha convertido en una pauta habitual que el presidente haga algo, el Congreso se encoja de hombros y la Corte Suprema le permita seguir adelante, independientemente de si lo que hace es legal en sentido estricto.
Una semana antes de la histórica queja de Roberts, la jueza progresista de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson arremetió contra los conservadores del tribunal —incluido el propio Roberts— por permitir que siguiera adelante el decreto de Trump destinado a restringir el voto por correo, basándose una vez más en un tecnicismo.
La Casa Blanca adopta una estrategia de “atrápame si puedes”, señaló Jackson.
En el caso de la interferencia con las papeletas enviadas por correo, es posible que la orden de Trump quede detenida: el decreto aún enfrenta demandas y una nueva orden judicial que hacen prácticamente imposible su implementación, al menos para estas elecciones.
Trump también vio frustrados sus intentos respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento, ya que los magistrados rechazaron su pretensión de anular la 14.ª Enmienda de la Constitución. Asimismo, en materia de aranceles, dictaminaron que no podía valerse de leyes de emergencia nacional para alterar el funcionamiento de la economía.
Él sigue buscando formas de eludir esa decisión.
Sin embargo, en muchas otras cuestiones, la administración Trump ha seleccionado qué leyes acatar, ha desviado fondos de un lado a otro y ha ofrecido escasas explicaciones públicas sobre sus acciones. El Congreso se ha mostrado indiferente. A los tribunales les ha costado seguir el ritmo, y la Corte Suprema ha preferido permitir que Trump siga adelante con sus planes mientras la situación se resuelve.
Es probable que esa dinámica cambie, al menos en cierta medida, el próximo año si los demócratas logran el control de la Cámara de Representantes o del Senado. Intentarán restringir la financiación destinada a los objetivos de Trump.
No obstante, surgirá un dilema interesante para los demócratas que aspiren a suceder a Trump en la Casa Blanca en 2029: ¿deberían gastar aún más dinero de los contribuyentes para derribar el colosal edificio del Ala Este que él está construyendo? No podrán retirar de circulación las monedas que llevan su rostro. Tampoco podrán revertir las deportaciones de personas que no tuvieron acceso a una audiencia. Y requerirá tiempo y esfuerzo —si el próximo presidente así lo decide— reconstruir el sistema de financiación para la investigación científica y médica que la administración Trump recortó.
En muchos de los asuntos en los que ha intervenido Trump es posible que ni siquiera exista la opción de revertir lo hecho.
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