Venezuela ordena arrestar a quien apoye el ataque de EE.UU.: qué dice el decreto de Estado de Conmoción Exterior
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El Gobierno de Venezuela publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior, que otorga amplios poderes a la presidencia y ordena a las fuerzas de seguridad la captura de “toda persona involucrada en la promoción o apoyo” del ataque de Estados Unidos contra el país sudamericano.
El documento, con fecha del sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por militares estadounidenses y actualmente preso en Nueva York.
“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento”, indica el texto, refrendado por la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El decreto había sido preparado y anunciado a fines de septiembre, semanas después del inicio del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe, pero se desconocía su contenido, que fue actualizado con los hechos del fin de semana. La medida tiene rango de ley y se prolongará por 90 días, con una posible prórroga por 90 días más.
La Constitución de Venezuela prevé que, ante los estados de excepción, un decreto le garantiza al presidente un poder político, económico y social casi total sobre el país. Es la primera vez que se invoca esta figura desde la aprobación de la Constitución vigente en 1999, que indica que puede ser decretado en caso de un conflicto que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
El texto publicado en el Gaceta Oficial ordena “la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado”, mientras que el personal de tales servicios o empresas “quedará sometido temporalmente al régimen militar”.
Además, señala que el Ejecutivo podrá “ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional”, suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas e incluso ”cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo”, aunque añade que se tomarán medidas para garantizar derechos a la vida y a la libertad personal, entre otros.
“Un decreto de estado de conmoción exterior como éste implica la restricción de garantías constitucionales”, explicó a CNN Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
“La ley de estados de excepción le da al presidente las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico, social”, enfatizó el abogado, aunque recordó que hay excepciones. La Carta Magna aclara que se mantienen las garantías “referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
El decreto exhorta a toda la población a “asumir con firme fervor patriótico” la defensa de la Nación.
En 2024, Maduro promulgó una ley que castiga a los venezolanos que “apoyen llamados a sanciones o cualquier daño extranjero”, y permite la inhabilitación política de por vida y la confiscación de bienes.
En septiembre, la entonces vicepresidenta explicó que una vez que el decreto sea activado, el Gobierno podría cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como “activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales” para “garantizar la vida nacional”.
Para Apitz, si bien el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) o por la Justicia, remarcó que en Venezuela “no hay contrapesos” para el Poder Ejecutivo.
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