Menos clientes, menos empleos y precios más altos: por qué algunos especialistas hablan ya del “impuesto ICE”

Por Mauricio Torres y Ione Molinares, CNN en Español

Las calles lucen vacías en estos días en la zona conocida como Arlandria, donde prácticamente se unen las ciudades de Arlington y Alexandria, en el estado de Virginia. Es un punto ubicado muy cerca del Departamento de Defensa, el complejo gubernamental popularmente conocido como el Pentágono, y a solo unos minutos de Washington, la capital de Estados Unidos donde las expectativas crecen cada vez más de cara a las elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre.

En este vecindario, María Linares es propietaria de El Pulgarcito, un restaurante que ejemplifica la manera en la que inmigrantes de El Salvador se asentaron en el área décadas atrás y dieron un impulso a la actividad económica local. Pero, desde hace algunos meses, ese brío característico de otros tiempos ya no se observa más.

“La gente ahorita no está saliendo. Eso es lo más triste”, dice María, sentada sola en una mesa del establecimiento mientras dobla servilletas.

El panorama en este restaurante y en otros negocios, tanto en ese vecindario como en decenas de zonas metropolitanas más, tiene una explicación. De acuerdo con los residentes del área y especialistas, este golpe a las comunidades se debe al miedo que generan los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las deportaciones, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varias comunidades de inmigrantes y las restricciones para las peticiones de asilo.

Algunos analistas incluso advierten que todo esto se traduce en un efecto económico negativo que denominan “ICE tax” —o “impuesto ICE”—, con el que se refieren a los impactos derivados del endurecimiento de la política migratoria desplegada por el Gobierno desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato, en enero de 2025.

María dice que, en los 27 años de su restaurante, solo vio una situación parecida con la pandemia de covid-19. Sin embargo, afirma que durante la emergencia sanitaria ella y otros propietarios de negocios lograron mantenerse a flote y conservar a la mayor parte de sus equipos, mientras que en esta ocasión el escenario es peor. Con menos clientes caen los ingresos y esto, a su vez, afecta la capacidad de contratar personal.

“Teníamos cuatro personas atendiendo y digamos en la cocina siempre había tres. Ahora, pues digamos que hay una y yo que ayudo para ir cortando como personal. Es así”, relata.

A lo largo del año, cifras de instituciones académicas y organizaciones civiles han registrado estos efectos.

Un estudio del reconocido think tank Brookings señaló a finales de mayo que el endurecimiento de la política migratoria ha golpeado el mercado laboral, donde algunos sectores dependen de manera importante de trabajadores inmigrantes, sean indocumentados o no. Brookings estimó que los operativos migratorios han representado la pérdida de unos 668.000 empleos y que este fenómeno ha sido mayor en las 86 ciudades donde ha habido un mayor número de detenciones de ICE.

La organización no gubernamental America’s Voice retomó esos datos en otro documento, en el que agregó que los efectos del “ICE tax” —sumados a otros factores, como los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de varios países o el encarecimiento global del petróleo— también son visibles en el aumento del precio de productos y servicios dependientes de trabajo migrante. Por ejemplo, expone la ONG, entre junio del año pasado y junio de este año la lechuga subió en 32,1 %, las manzanas en 7,1 %, los cítricos en 6,3 % y las labores de jardinería en 10,8 %.

El alza no solo queda plasmada en los números. También se nota en la preocupación de los consumidores. Entre las mesas de El Pulgarcito, María escucha las cada vez más frecuentes quejas de sus clientes, a quienes explica que tuvo que subir el precio de sus platillos porque el restaurante no podía seguir absorbiendo los costos.

“Todo mundo dice lo mismo: que le han subido los precios. Yo les digo que obligatoriamente tuvimos que hacerlo”, dice María. “Este año sí ya no pudimos. No se puede mantener un negocio con los mismos precios de antes”, recalca.

Exequiel Hernandez, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, amplía el panorama. De acuerdo con el académico, quien comparó datos del año previo al segundo mandato presidencial de Trump con aquellos de su primer año de vuelta en la Casa Blanca, los efectos económicos del endurecimiento de su política migratoria se observaron muy pronto, con menores flujos de personas en las calles, menor asistencia de clientes en establecimientos, menores ingresos en esos locales y menos empleados.

“Prácticamente desde el día que asumió esta nueva política de inmigración comenzó inmediatamente, fue algo que decidió estratégicamente y, de los datos que tengo, el efecto es casi instantáneo”, dice Hernandez. “Lo que encontré es que, en áreas en la mira de ICE, el tráfico a pie, gente que se presentaba a trabajar, para comprar en negocios, cayó alrededor del 3 %, por negocio, por semana”, detalla.

Frente a los testimonios, las cifras y las preocupaciones, el Gobierno de Trump rechazó que el endurecimiento de la política migratoria esté teniendo un efecto negativo en la economía como el que describen quienes advierten sobre la existencia de un “ICE tax”, según las respuestas que la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio ICE enviaron a CNN.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que la inmigración indocumentada durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025) “amenazó la salud fiscal del país a largo plazo, contribuyó a una inflación récord y deprimió los salarios de los trabajadores estadounidenses”.

“No hay escasez de mentes y manos estadounidenses para hacer crecer nuestra fuerza laboral, y la agenda del presidente Trump de crear empleos para los trabajadores estadounidenses representa el compromiso de esta administración de aprovechar ese potencial sin explotar mientras cumplimos con nuestro mandato de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. El presidente Trump continuará haciendo crecer nuestra economía y logrando que los salarios de los trabajadores estadounidenses sigan aumentando”, sostuvo.

Por separado, un portavoz del DHS respondió en la misma línea: “Seamos claros, si hubiera alguna correlación entre la inmigración ilegal desenfrenada y una buena economía, Biden habría tenido una economía en auge. Sacar a estos criminales de las calles hace que las comunidades sean más seguras para los dueños de negocios y sus clientes”.

“Bajo el secretario (Markwayne) Mullin, nuestros valientes agentes de la ley están cumpliendo con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a extranjeros ilegales criminales para hacer a Estados Unidos seguro. Sacar a los criminales peligrosos de nuestras calles lo hace más seguro para todos, incluidos los dueños de negocios y sus clientes”, dijo el vocero, aunque, contrario a lo que afirma el Gobierno, la gran mayoría de los inmigrantes detenidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca no tiene antecedentes penales.

Por último, un portavoz de ICE defendió la legalidad de las operaciones de la institución y respondió: “Si hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación tal como lo dicta la Constitución y la legislación federal equivale a un impuesto, entonces ¿cómo llamas al precio que las víctimas del crimen de extranjeros ilegales han pagado con sus vidas?”.

“Cualquier impacto económico adverso asociado con la aplicación de la inmigración es resultado de que los extranjeros ilegales elijan violar las leyes de inmigración, no de que ICE haga cumplir esas leyes”, dijo.

En medio de este panorama, María aún no ha pensado en cerrar El Pulgarcito pero ve con desconsuelo cómo sufre su comunidad, también conocida como Chirilagua, en alusión a una municipalidad del suroriente de El Salvador.

Ubicada sobre la misma calle, la barbería y salón de belleza Mount Vernon actualmente se queda vacía la mayor parte del día. Carla, su administradora, dice que las redadas y deportaciones tienen a la gente temerosa de salir.

“Ahorita, solo tenemos la cuarta parte de clientela, la cuarta parte de barberos y peluqueras”, explica mientras mira las sillas vacías. “Ahorita, muchos de nuestros clientes han sido deportados o están en proceso de ser deportados y todos ya tienen pánico”, detalla.

Con menos clientes, el lugar incluso tuvo que acortar su espacio para subarrendar unos metros a un local de reparación de celulares, como una forma de compensar la caída de sus ingresos. Otras opciones, como ofrecer descuentos, no resultarían viables, dice Carla.

“No se puede dar tanto descuento porque ¿cómo? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo puede comprar los productos? ¿Cómo? ¿Cómo paga las utilidades? ¿Cómo paga la renta? La renta no perdona”, lamenta.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump busca minimizar la situación —más aún con la cercanía de las elecciones de noviembre—, pero varios analistas advierten que los efectos del endurecimiento de su política migratoria no solo impactan a las comunidades de inmigrantes sino a la economía en su conjunto.

Exequiel Hernandez, el profesor de la Escuela Wharton, señala que este golpe puede describirse con dos palabras: “general y permanente”. De acuerdo con el académico, se trata de un impacto general porque afecta a todos los negocios y a todas las personas, no solo a la población inmigrante, y también es permanente porque sus consecuencias simplemente no disipan.

“La parte permanente —al menos durante el primer año de la administración, que es la parte cubierta por mi estudio— está en que esos efectos no se van”, dice Hernandez. “Esto es importante porque no es que ICE se presentara y la economía sufriera por dos o tres semanas y después regresara a la normalidad. Las cosas nunca volvieron a la normalidad. ICE está creando no un impuesto de corto plazo, sino uno permanente en el sentido de que los negocios están contratando menos, están cerrando más y los consumidores están gastando menos”.

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