Firmó una orden para salir voluntariamente de EE.UU. y volver a Venezuela. Meses después, sigue detenido por ICE

Por Susana Erazo, CNN en Español

Cuando Marlinis Aliendres recibió el mensaje de su esposo, Junior, diciéndole: “Mi amor, avísale a todos, ya voy a casa”, sintió que finalmente la pesadilla había terminado. Pero no fue así: el vuelo nunca salió y el reencuentro no ocurrió. Han pasado ocho meses desde que Junior Puerta fue detenido por agentes migratorios y tres meses desde que firmó una orden de salida voluntaria para regresar a Venezuela, pensando que eso le permitiría volver a casa.

“Lo único que quiero es volver a mi vida normal, volver a comer bien, volver a dormir bien, dejar de admirar cómo otras parejas van juntas a ciertos lugares y nosotros desde hace ocho meses lo dejamos de hacer, ver cómo otros padres están con sus hijos y la mía no puede estar cuando mi esposo no ha hecho absolutamente nada mal”, cuenta Aliendres.

En febrero, Puerta manejaba de regreso a casa cuando, durante una parada de tránsito, agentes migratorios le pidieron sus documentos. “Uno de los agentes le dice: ‘Hijo, tú estás ok’. Se lleva su ID, su permiso, se lleva todo, pero manda su ID con otro agente que le dice: ‘No, tú no te vas, yo te voy a procesar’. Y ahí, en ese momento, empezó nuestro infierno”.

La detención ocurrió meses antes de que ICE emitiera nuevas directrices para sus agentes sobre las intervenciones vehiculares. Las normas exigen capacitación específica, vehículos equipados con luces y sirenas y cámaras corporales activadas, además de que prohíbe las persecuciones cuando un conductor no se detiene.

Las nuevas medidas fueron adoptadas tras varias detenciones vehiculares controvertidas que terminaron en tiroteos, algunos mortales, y en medio de un debate interno en la administración Trump sobre el uso de estas intervenciones para reforzar los arrestos migratorios.

Las directrices limitan su ejecución a agentes de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) que hayan completado uno de los seis cursos de capacitación autorizados, tanto para detenciones tradicionales como para operativos de seguimiento considerados de alto riesgo o vinculados con delitos graves.

La pareja llegó a Estados Unidos en 2020 e ingresó legalmente con visas de turismo. Ambos, procedentes de Venezuela, solicitaron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Un año después solicitaron asilo y continuaron el proceso con acompañamiento legal. “Una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser indocumentado y nosotros jamás estuvimos indocumentados en los Estados Unidos”, dice Aliendres.

Junior forma parte de los más de 741.870 inmigrantes a quienes jueces de inmigración ordenaron su expulsión. Las salidas voluntarias representaron el 83,5 % de los casos concluidos hasta agosto de 2026, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse.

Aliendres cuenta que ambos se graduaron como ingenieros en Venezuela y que comenzaron trabajando en el área de limpieza antes de acceder, poco a poco, a otros empleos. Varios años después, tras el nacimiento de su hija y luego de superar problemas de salud, Junior creó su propia empresa de construcción con el apoyo de sus antiguos supervisores.

Antes de firmar la orden de salida voluntaria, Marlinis dice que intentaron luchar por su caso durante varios meses. “Mi esposo me decía: ‘Hay que hacer todo apegado a la ley. Hay que hacer lo de la fianza. Hay que hacer lo del asilo, hay que hacer todo porque yo no debo nada’. Pero lamentablemente le negaron desde la primera fianza. Él fue y defendió su asilo. Se lo negaron también y él me dijo: ‘Ya no voy a seguir batallando’”, cuenta ella.

Además, afirma que, luego de que su esposo firmara el documento, se enteraron de que el recurso de habeas corpus que habían presentado tiempo atrás había sido aprobado, lo que complicó su salida. “Él lo único que pide es que lo monten en ese avión y lo manden a casa”, dice su esposa.

Según Marlinis, en septiembre las autoridades les dijeron a Junior y a otros detenidos que regresarían a casa, pero, después de pasar casi una semana siendo trasladados entre centros, los llevaron de regreso al mismo lugar.

“A mi esposo lo sacaron el lunes en la madrugada y le dijeron que se prepararan porque ellos iban a Venezuela, que iban a pasar por Miami y de Miami volaban a Venezuela. Cuando ellos cayeron en cuenta, estaban nuevamente en la puerta del centro de detención. ¿A qué juegan? Juegan a la destrucción. Fueron horas esposados de manos y pies”, cuenta ella, quien además señala que su esposo padece una afección relacionada con el páncreas.

En respuesta a una consulta de CNN, ICE afirmó que detuvo a Junior José Puerta-Vásquez el 5 de febrero de 2026 y lo describió como un “extranjero ilegal procedente de Venezuela”. La agencia señaló que Puerta ingresó legalmente a Estados Unidos en 2020, pero permaneció en el país más tiempo del autorizado, y que un juez de inmigración ordenó su expulsión el 12 de mayo de 2026.

“Se le garantizó el debido proceso y un juez de inmigración ordenó su expulsión el 12 de mayo de 2026. Esta administración no ignorará el estado de derecho”, afirmó la agencia.

ICE también aseguró que las personas bajo su custodia reciben atención médica integral, incluidas evaluaciones médicas, dentales y de salud mental, así como acceso permanente a atención de emergencia.

“Es una práctica de larga data brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero queda bajo custodia de ICE. Esto incluye un examen médico, dental y de salud mental de admisión dentro de las 12 horas siguientes a su llegada a cada centro de detención, una evaluación de salud completa dentro de los 14 días posteriores a su ingreso bajo custodia de ICE o a su llegada a un centro, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas. Esta es la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”.

La agencia sostuvo además que “estar detenido es una elección” y alentó a los inmigrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP Home para salir voluntariamente del país. Según ICE, el programa ofrece US$ 3.000 y un vuelo gratuito a quienes decidan “autodeportarse”. CNN verificó que Puerta no tiene antecedentes penales, aunque registra algunas infracciones de tránsito.

Debido a la incertidumbre y al estrés que sentía, Marlinis tomó la decisión de regresar voluntariamente a Venezuela junto con su hija de dos años, quien es ciudadana estadounidense, para recuperar algo de estabilidad junto a su familia, aunque el cambio ha sido difícil de sobrellevar.

“Mi hija es autista no verbal, ella no expresa, pero ella sabe que falta una pieza. Porque es mamá, papá y yo y ella siempre cuando se iba a dormir que ya papá no estaba siempre ponía los peluchitos boca abajo. Papá, mamá y yo”, dice Aliendres.

Actualmente, la familia enfrenta el desafío de cubrir los gastos legales del caso, sostener económicamente su hogar y atender las necesidades de salud de su hija sin la principal fuente de ingresos que representaba el trabajo de Junior. Para su esposa, la situación significó “quedarse sin nada y llegar a Venezuela con lo que tienes puesto”, además de ver cómo su vida cambiaba en un abrir y cerrar de ojos.

“¿Por qué no le permiten regresar a su casa? Si ellos no tienen cómo mandarlo, permítanos a nosotros pagar ese boleto de avión y traerlo de vuelta a casa. Nosotros no queremos nada más, no queremos habeas, no queremos fianza, no queremos nada. Simplemente que le permitan regresar a casa”, afirma Marlinis.

Con información de Priscilla Alvarez

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