ICE revisó decenas de millones de registros de electores en busca de votantes no ciudadanos, según documentos internos
Por Gabe Cohen y Jeremy Herb, CNN
La operación del Departamento de Seguridad Nacional contra el fraude electoral ha recurrido a decenas de millones de registros, ha examinado minuciosamente a decenas de grupos sin ánimo de lucro de registro de votantes y ha considerado el despliegue de agentes encubiertos para investigar a las organizaciones sospechosas de ayudar a personas no ciudadanas a registrarse para votar, según documentos internos obtenidos recientemente.
Los documentos, publicados este miércoles por el grupo activista Democracy Forward, ofrecen una mirada detallada al interior de una rama de la creciente campaña de integridad electoral de la administración de Trump, que ha movilizado a investigadores federales, bases de datos de inmigración y registros de votantes en un intento por identificar a los no ciudadanos sospechosos de registrarse o de votar ilegalmente.
La División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) describió la iniciativa como un proyecto nacional por fases que incluye la obtención de registros de votantes, el análisis de datos, la búsqueda de pistas para la investigación y el trabajo de campo.
La operación se basó en enormes volúmenes de datos. Un informe de la HSI del 1 de junio indicaba que los investigadores habían procesado 50,6 millones de registros de una base de datos del Departamento de Justicia y otros 48,4 millones que Heather Honey, asesora principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había obtenido a través de lo que el informe denominaba “fuentes de información independientes”. El documento no identifica a dichas fuentes independientes ni aclara si las dos bases de datos contenían información de personas específicas. La HSI afirmó que los datos se estaban analizando con mayor detalle para identificar a los objetivos de la investigación.
Los registros ponen de relieve el papel de Honey en una iniciativa que abarcaba todo el gobierno federal. Su trabajo anterior, que cuestionaba la integridad de las elecciones de 2020, fue respaldado por Trump y sus aliados. Internamente, el personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intentó incorporar a funcionarios que trabajaban bajo la supervisión de Honey a la distribución de los informes semanales de la HSI sobre fraude electoral, mientras que otro informe le atribuyó explícitamente el conjunto de datos de 48,4 millones de registros.
“Parece que el presidente y sus aliados quieren elegir a sus votantes, en contraposición a cómo se supone que funcionan las cosas en una democracia, donde los votantes eligen a sus líderes”, dijo Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, en un comunicado.
CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.
Los documentos también muestran que los investigadores iban mucho más allá de los votantes sospechosos individuales. Una comparación interna indicó que la HSI estaba adoptando un “enfoque de investigación basado en redes, priorizando el análisis de la organización y la facilitación sobre las pistas individuales”. Los investigadores revisaron decenas de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de registro de votantes en Pensilvania, Nueva Jersey y otros estados, y examinaron organizaciones vinculadas a una empresa de Ohio sospechosa de fraude en el registro de votantes.
Sin embargo, varias de esas revisiones no arrojaron pruebas de irregularidades. Los investigadores afirmaron no haber encontrado información negativa sobre decenas de grupos de Nueva Jersey que examinaron, no hallaron actividad financiera sospechosa en otra revisión de una organización sin fines de lucro y cerraron una investigación independiente en Ohio tras agotar todas las pistas.
Sin embargo, los registros revisados previamente por CNN mostraron que en el condado de Franklin, Ohio, un agente de la HSI presionó a los funcionarios electorales para obtener información sobre varios grupos, incluida la Ohio Organizing Collaborative, una organización progresista para fomentar la participación electoral que agentes federales allanaron en junio, cuatro meses después del intercambio.
Aun así, la HSI contempló tácticas de investigación más agresivas. Un informe de junio indicaba que los funcionarios estaban estudiando la posibilidad de utilizar agentes encubiertos para colaborar con organizaciones sospechosas de fomentar o facilitar el registro ilegal de votantes por parte de no ciudadanos. Nueva Jersey y Pensilvania fueron identificadas como áreas prioritarias. El documento señalaba que se podrían utilizar agentes encubiertos para recabar pruebas y rastrear el respaldo financiero si los investigadores determinaban que una organización estaba reclutando activamente a no ciudadanos para que se registraran.
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