El Gobierno de Trump desvía fondos destinados a promover los derechos humanos hacia causas de extrema derecha
Por Jennifer Hansler, CNN
El Departamento de Estado de Estados Unidos destinó millones de dólares originalmente reservados para promover los derechos humanos a impulsar causas de extrema derecha, incluidos los derechos de los afrikáneres en Sudáfrica, la salvaguarda de las “normas de la civilización occidental” y la documentación del “retroceso” en Europa relacionado con la migración masiva, informó una fuente familiarizada con el asunto CNN.
Según la fuente, los fondos, procedentes de los casi US$ 177 millones del Fondo para la Democracia, se comprometieron a pesar de las preocupaciones y las objeciones del principal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Su vencimiento estaba previsto para el miércoles, último día del año fiscal.
Las causas coinciden con los cambios más amplios de la administración Trump, que se alejan de la defensa de los derechos humanos tradicionales para centrarse en temas como la supuesta represión de la libertad de expresión y la migración masiva en Europa, así como en los “derechos naturales”. Dos de las subvenciones propuestas se centran en Brasil y Sudáfrica, países con los que la administración ha tenido enfrentamientos con los gobiernos, y una tercera se centra en Nigeria, donde la administración ha denunciado una “masacre” de cristianos.
Esto supone otro ejemplo de cómo la administración elude al Congreso en materia de financiación, tras su decisión de cancelar US$ 810 millones de fondos que habían sido asignados por el Congreso para refugiados, inmigrantes y otros servicios.
Por lo general, los fondos del Fondo para la Democracia se utilizan para apoyar programas en países autoritarios o con democracias limitadas, según la fuente. Sin embargo, las subvenciones propuestas, de las que informó inicialmente The Guardian, incluyen financiación para programas en Europa y el Reino Unido.
Al ser consultado sobre los fondos, un portavoz del Departamento de Estado, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que habían cumplido con los requisitos de notificación al Congreso.
“El presidente prometió combatir la destructiva agenda progresista que tanto daño ha causado a nuestro país y al mundo”, declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado. “Jamás nos disculparemos por defender la civilización occidental, oponernos a la censura, poner fin a la era de la migración masiva y tomar medidas contra la discriminación racial patrocinada por el Gobierno en Sudáfrica”.
Según la fuente familiarizada con el asunto, el secretario de Estado, Marco Rubio, había firmado un memorando para comprometer los fondos a pesar de las retenciones vigentes. La senadora Jeanne Shaheen, integrante destacada de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, había retenido 10 propuestas de adjudicación por un valor total de US$ 22 millones.
Según la fuente, las subvenciones cuentan con el respaldo de los más altos niveles de la Casa Blanca, incluido el vicepresidente J. D. Vance. La Casa Blanca remitió la consulta al Departamento de Estado.
“El Congreso asignó fondos al Fondo para la Democracia de forma bipartidista para apoyar a los defensores de los derechos humanos, ayudar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y promover el crecimiento de la democracia en el extranjero”, declaró Shaheen en un comunicado.
“Al eludir al Congreso, la administración Trump está utilizando fondos públicos para promover organizaciones y programas de extrema derecha en democracias consolidadas”, declaró la demócrata de Nuevo Hampshire. “Esto supone un despilfarro de recursos y socava los valores estadounidenses y nuestras relaciones con socios democráticos, incluidos nuestros aliados en Europa”.
Entre las subvenciones propuestas que fueron retenidas se incluye una para combatir el presunto abuso judicial y la censura en Brasil. La administración Trump se enfrentó al Gobierno de Lula da Silva e impuso sanciones al magistrado de la Corte Suprema de Justicia brasileña Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado de Trump. Las sanciones fueron levantadas en diciembre. Sin embargo, Estados Unidos también revocó la visa del embajador de Brasil en Estados Unidos y el presidente Donald Trump se reunió con Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato a la presidencia de Brasil.
Otras subvenciones propuestas se centran en Europa, incluyendo una dotación de US$ 5 millones para apoyar el desarrollo de “una alianza civilizatoria en Europa a través de la investigación, los debates públicos y la reforma de políticas para salvaguardar la libertad de expresión, la competencia política y la soberanía nacional”.
Altos funcionarios del Gobierno, incluido Vance, han criticado duramente a las naciones europeas, acusándolas de retroceso en la libertad de expresión, al tiempo que se reunían con figuras políticas europeas de extrema derecha.
Samuel Samson, un alto funcionario designado en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, defendió el año pasado la necesidad de contar con “aliados civilizatorios” en Europa.
“Nuestra esperanza es que tanto Europa como Estados Unidos puedan reafirmar su compromiso con nuestra herencia occidental, y que las naciones europeas pongan fin a la instrumentalización del Gobierno contra quienes buscan defenderlo”, escribió.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo ha experimentado cambios significativos bajo la segunda administración de Trump.
Como informó CNN el año pasado, el Departamento de Estado exigirá a sus diplomáticos que describan la aplicación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la supuesta facilitación de la migración masiva y la financiación gubernamental de medicamentos abortivos como “violaciones de los derechos humanos” en su próximo informe sobre derechos humanos. El informe también se centrará en “derechos naturales” como la libertad de expresión, según declaró un funcionario en aquel momento, en una medida que probablemente apuntará a aliados europeos tradicionales por supuestas restricciones a la libertad de expresión.
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