El estado de sitio termina en Guatemala pero el miedo al crimen sigue. Para algunos, emigrar a El Salvador es una opción

Por Merlin Delcid, CNN en Español

El estado de sitio declarado hace 30 días en Guatemala, luego de ataques del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad, terminó este lunes pero los patrullajes y operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército van a continuar en el país centroamericano. A partir de este martes, entrará en vigor el estado de prevención, según lo anunció el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje en video difundido la noche del domingo.

“La seguridad es una demanda urgente del pueblo de Guatemala y nuestro gobierno seguirá trabajando para que podamos volver a caminar por nuestras calles y nuestros barrios con más tranquilidad”, dijo el mandatario, tras asegurar que en el último mes se produjeron impactos “contundentes” contra los grupos criminales y que los homicidios se redujeron en un 50%.

En las calles de Guatemala, sin embargo, los ciudadanos son menos optimistas. Varios piden que el gobierno de Arévalo implemente acciones más duras contra el crimen y otros más, incluso, se plantean la posibilidad de migrar al vecino El Salvador —no a Estados Unidos— porque consideran que ahí estarían más seguros.

“Tal vez sea la mejor decisión, ya he escuchado a parte de mis amigos: El Salvador, una nueva opción”, dijo a CNN Jasel López.

Una razón para ver El Salvador como una alternativa para migrar, agregó, es que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado reducir las actividades de los grupos criminales y los niveles de violencia mediante el régimen de excepción vigente desde 2022. Especialistas y organizaciones no gubernamentales advierten, sin embargo, que este esquema da pie a violaciones a los derechos humanos. Por su parte, Bukele defiende sus políticas en la materia.

En Guatemala, personas como Randy Monterroso creen que, a pesar de los avances anunciados por el gobierno, persisten los problemas de inseguridad y violencia generados por las maras y otras pandillas.

“Ahora no puede andar en los buses, no puede andar caminando porque siempre lo asaltan a uno los mareros”, dijo Monterroso, empleado del aeropuerto internacional La Aurora, en la céntrica Plaza de la Constitución.

Desde su perspectiva, en Guatemala hay muchas zonas rojas. “Ahí no se puede entrar, es muy peligroso. Si uno entra, sale sin nada”, señaló.

A pocos metros, Marleni Larios, quien desde hace siete años vende granizadas —también conocidas como raspados o piraguas en otras partes de América Latina—, igualmente expresa preocupación por la inseguridad en Guatemala. Para ella, el problema está claro: “No hay muchos policías, yo siento que falta eso”.

Para hacer frente a la criminalidad que afecta a los guatemaltecos, y luego de una serie de hechos de violencia en cárceles, el gobierno de Arévalo declaró en enero un estado de sitio por 30 días para permitir al Ejército apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública.

Las autoridades sostienen que, durante la vigencia del estado de sitio, los homicidios bajaron en 50% y las extorsiones en 33%, al comparar las cifras con el mismo período de 2025.

“Haciendo uso legítimo de la fuerza y respetando el estado democrático de derecho estamos recuperando espacios que durante mucho tiempo fueron cooptados por el crimen organizado”, dijo el presidente Arévalo en rueda de prensa.

El estado de sitio fue la respuesta del gobierno a una revuelta en tres prisiones y ataques en diferentes zonas del país que dejaron el saldo de 11 policías muertos.

Ante las acciones tomadas desde entonces, muchos guatemaltecos dicen sentirse un “poco” más seguros que antes, pero quieren medidas más “drásticas” contra el crimen.

“Como guatemalteco yo esperaría que el gobierno accionara y tuviera un control como el señor Bukele, me gustaría que llegáramos hasta esas medidas, pero va a ser un poco difícil con las políticas que tenemos aquí en Ciudad de Guatemala”, dijo Edy Rodríguez, quien trabaja como taxista.

“Bastantes aquí en Guatemala quieren el apoyo de Bukele, bastante, porque allá en El Salvador cambió mucho”, comentó por su parte Monterroso, el empleado del aeropuerto.

Ambos hombres se refirieron así a las medidas impulsadas por el gobierno de Bukele en El Salvador en marzo de 2022, tras ataques de pandillas hacia civiles que en un solo día causaron 62 homicidios, el día más violento durante la administración del popular mandatario salvadoreño.

Para frenar estos ataques, el gobierno implementó el régimen de excepción, un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que permitió detener a miembros de pandillas y colaboradores. Desde su vigencia, las autoridades reportan la captura de cerca de 91.000 personas.

Esta medida amplía de 72 horas a 15 días la detención provisional y avala la intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial. El régimen sigue en vigor, tras 47 prórrogas de 30 días cada una, y está a punto de cumplir cuatro años.

Su implementación, sostiene el gobierno de Bukele, ha reducido drásticamente los homicidios, pero también ha recibido críticas de organismos locales e internacionales por presuntos abusos a los derechos humanos, algo que el mandatario ha rechazado.

En su más reciente informe sobre los derechos humanos en el mundo, publicado a principios de este mes, la organización Human Rights Watch (HRW) dijo que, si bien la violencia relacionada con pandillas ha disminuido, las políticas en la materia han tenido otras consecuencias.

“Bajo el régimen de excepción, policías y soldados han conducido cientos de redadas indiscriminadas, particularmente en vecindarios de bajo ingreso, lo que ha llevado al arresto de más de 90.000 personas, incluyendo 3.000 niños. Muchos están incomunicados y en detención previa a juicio”, dijo HRW.

La incertidumbre causada por la inseguridad en Guatemala ha hecho que algunos ciudadanos piensen en irse del país.

Hasta hace poco, muchos guatemaltecos veían a Estados Unidos como la principal opción cuando decidían migrar para buscar seguridad o mejores oportunidades. Sin embargo, hoy ya no lo ven como una alternativa ante los controles estrictos en la frontera y las deportaciones de indocumentados ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump, quien inició su segundo mandato hace poco más de un año, en enero de 2025.

Ahora, algunos ven a El Salvador —país con el que Guatemala comparte una frontera de 203 kilómetros— como la alternativa para cambiar de lugar de residencia si la delincuencia en territorio guatemalteco los afectara directamente.

“Es un país que está avanzando desde que vimos los cambios”, dijo Jasel López. Si bien aseguró que entiende que no todas las personas están de acuerdo con las medidas drásticas adoptadas contra los delincuentes en El Salvador, cree que ahí podría tener la tranquilidad que hoy no encuentra en Guatemala.

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