Expertos legales afirman que no será fácil retirar la ciudadanía a la representante Ilhan Omar
Michael Williams y Katelyn Polantz
El registro de la vivienda de la representante Ilhan Omar en la ciudad de Washington, realizado por las fuerzas del orden federales a principios de esta semana, constituyó una medida legal extraordinaria contra una congresista en ejercicio que busca la reelección.
El Departamento de Justicia impulsó un registro inusualmente agresivo de la casa de Omar, mientras que la congresista ha expresado su creencia de que el objetivo final de la administración es intimidarla.
El gobierno aún no ha indicado que vaya a tomar medidas para intentar retirar la ciudadanía a Omar. Sin embargo, el propio presidente ha manifestado que le gustaría ver a Omar enviada a Somalia.
“La falsa ‘congresista’ Ilhan Omar, una de las que constantemente se queja y que odia a EE.UU., sabe todo lo que debe saber. Debería estar en la cárcel o, lo que sería un castigo aún peor, ser enviada de vuelta a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo”, publicó el presidente Donald Trump en Truth Social a principios de este año. “¡Podría ayudar a HACER GRANDE A SOMALIA DE NUEVO!”.
Omar no ha sido acusada de ningún delito y el Departamento de Justicia no ha revelado pruebas en su contra.
No obstante, el camino para que el gobierno federal intente la desnaturalización no sería sencillo, según explicaron expertos legales a CNN.
La ciudadanía se ha considerado durante mucho tiempo “una especie de refugio seguro”, afirmó Daniel Kanstroom, profesor de derecho de inmigración en el Boston College. “Es difícil de obtener, pero una vez que se consigue, el umbral que debe superar el gobierno para retirarla es realmente muy alto”.
Fuentes informaron a CNN que el registro estaba relacionado con una investigación sobre fraude migratorio para determinar si el padre de Omar mintió sobre la edad de ella cuando obtuvo la ciudadanía en el año 2000.
Omar sostiene que nació en Somalia en 1982 y pasó los primeros años de su vida en ese país mientras este se veía envuelto en una sangrienta guerra civil. Ella declaró que llegó a Estados Unidos alrededor de los 12 años y que, unos cinco años después, se convirtió en ciudadana estadounidense.
Los investigadores federales están examinando si Omar mintió sobre su edad —afirmando tener 17 años— al solicitar la ciudadanía, y si esa declaración falsa pudo haberse repetido en años recientes, lo que permitiría iniciar un proceso legal ahora.
La desnaturalización —el proceso mediante el cual se retira la ciudadanía a una persona naturalizada— es un procedimiento arduo y, hasta hace poco, relativamente poco frecuente, reservado generalmente para casos de mentiras u omisiones graves cometidas durante el proceso de naturalización.
Se utilizó con frecuencia para revocar la ciudadanía estadounidense de antiguos nazis que mintieron sobre sus actividades durante la guerra —el Departamento de Justicia contaba con una unidad denominada Oficina de Investigaciones Especiales, creada específicamente para este fin— y también se ha empleado contra miembros naturalizados de organizaciones terroristas y otras organizaciones criminales.
Desde que Trump asumió el cargo el año pasado, el Departamento de Justicia ha declarado que daría prioridad a ciertos procedimientos de desnaturalización, los cuales se tramitan mediante demandas presentadas contra ciudadanos ante tribunales federales.
Entre 2008 y el 12 de junio de 2026 se presentaron 166 demandas de desnaturalización, según el Transactional Records Access Clearinghouse; esto representa un promedio anual inferior a 10 casos y una fracción ínfima en comparación con los cientos de miles de personas que obtenían la ciudadanía cada año.
Sin embargo, la segunda administración de Trump ha buscado aumentar esas cifras como parte de sus esfuerzos por restringir y eliminar casi todas las formas de inmigración —tanto legal como ilegal— hacia Estados Unidos. A principios de este mes, el gobierno anunció que iniciaría el proceso para revocar la ciudadanía a 40 ciudadanos naturalizados mediante demandas presentadas desde el 21 de agosto.
Durante las administraciones anteriores recientes, los casos civiles de desnaturalización eran relativamente poco frecuentes. Entre 2008 y 2024 se presentaron 116 demandas civiles de desnaturalización, según el Transactional Records Access Clearinghouse, lo que supone un promedio inferior a siete casos al año.
Sin embargo, el Gobierno de Trump ha aumentado considerablemente esas cifras como parte de sus esfuerzos por restringir la inmigración, presentando más de 160 casos civiles de revocación de la ciudadanía tan solo este año hasta el 28 de septiembre, según un análisis de TRAC.
“Es un aumento significativo”, afirmó Dan Gividen, abogado radicado en Texas y exabogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración Obama, quien actualmente defiende a unos 10 clientes frente a procesos de revocación de la ciudadanía.
“Para que el gobierno procediera con una revocación de la ciudadanía, ya fuera por vía penal o civil, la persona tenía que justificar ese tipo de atención”, señaló Gividen.
El gobierno puede intentar revocar la ciudadanía de una persona mediante procedimientos civiles o logrando una condena penal por fraude en el proceso de naturalización.
No existe un plazo de prescripción para los procedimientos civiles de revocación de la ciudadanía.
No obstante, el delito penal suele estar sujeto a un plazo de 10 años tras la obtención de la ciudadanía para poder presentar cargos; por tanto, probablemente no sería aplicable en un caso contra Omar, quien obtuvo la ciudadanía hace más de dos décadas.
Omar ha sido objeto de investigaciones penales en los últimos años, incluso antes de que Trump asumiera el cargo el año pasado.
La actual investigación federal examina si Omar pudo haber cometido fraude migratorio y si hizo declaraciones falsas reiteradas al completar documentos gubernamentales —como la solicitud de pasaporte— en años recientes, lo cual podría considerarse una continuación de cualquier presunto fraude.
Los detalles adicionales sobre la información que los fiscales han recopilado respecto a los registros migratorios y gubernamentales de Omar se presentaron ante un tribunal de forma confidencial y aún no son públicos. Sin embargo, más de una docena de medios de comunicación y el grupo de defensa de la transparencia de tendencia conservadora Judicial Watch solicitaron esta semana a un tribunal que divulgara más registros de los investigadores que sirvieron de base para la orden de registro.
Si bien el juez escuchará la postura del Departamento de Justicia la próxima semana sobre dichas solicitudes de transparencia, la investigación penal continúa.
Es probable que el acceso de los investigadores federales a los documentos encontrados en la residencia de Omar en la ciudad de Washington avance con lentitud, ya que podrían pasar semanas o meses intentando obtener algunos de los documentos de la congresista.
Si Omar llegara a ser acusada de un delito relacionado con un presunto fraude migratorio, el Departamento de Justicia tendría que demostrar que cualquier declaración engañosa en los documentos de inmigración se hizo de manera intencional.
La posibilidad de una deportación o revocación de la ciudadanía para Omar también parece ser un escenario lejano, incluso si se encontraran pruebas de un delito de fraude migratorio.
Los procesos impugnados de revocación de la ciudadanía suelen tardar entre uno y tres años en tramitarse en los tribunales de distrito, sin contar las apelaciones, señaló Peter Loblack, abogado de inmigración radicado en Orlando.
Incluso si a una persona se le revoca la ciudadanía, la deportación no es una consecuencia automática.
Un ciudadano al que se le ha revocado la nacionalidad volvería a su estatus anterior más reciente —por lo general, el de residente permanente legal o titular de una tarjeta de residencia (“green card”)— y, posteriormente, el gobierno tendría que tramitar su deportación mediante un procedimiento totalmente distinto.
Esto también significa que una persona a la que se le ha revocado la ciudadanía podría, en teoría, volver a obtenerla en una fecha posterior y bajo una administración diferente.
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