Gobierno de Perú sale a dar aclaraciones tras calificar el “transexualismo” como una enfermedad en una norma criticada por colectivos LGBTQ
Belén Liotti
(CNN Español) — La comunidad LGBTQ en Perú reaccionó este lunes con críticas y el anuncio de probables “manifestaciones pacíficas” ante el decreto supremo difundido por el Ministerio de Salud, que califica el “transexualismo” y otras categorías de la identidad de género como “personas con problema de salud mental”, aun cuando el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) aclaró en un comunicado publicado el domingo que la diversidad de género y sexual “no son enfermedades” ni “trastornos”.
“Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, se lee en el comunicado.
La explicación del Ministerio llegó dos días después de publicar el decreto que actualiza el denominado Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que representa el plan mínimo de beneficios que una persona recibe al afiliarse a un seguro de salud público, privado o mixto. En el PEAS, se especifican los procedimientos médicos básicos a los que una persona puede acceder.
Entre las condiciones asegurables y bajo el inciso de “persona con problema de salud mental”, el programa incluyó lo que según el Gobierno peruano es el “transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de identidad de género en la niñez, otros trastornos de identidad de género, trastorno de la identidad de género (no especificado), transvestismo fetichista y orientación sexual egodistónica”.
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En el comunicado que difundió el Minsa en sus redes sociales, se explica que la normativa fue actualizada para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
En ese mismo sentido se pronunció Herberth Cuba, asesor del ministro César Vásquez, quien le dijo a CNN este martes que, si bien la institución no considera la orientación sexual y la identidad de género como trastornos de salud mental, se había visto en la necesidad de tomar como base la normativa de la Organización Mundial de la Salud, debido a que es la que actualmente rige en Perú, y que sí califica al “transexualismo” como una enfermedad mental.
Asegura Cuba que ello se hace, aunque pueda parecer contradictorio, porque es la única forma de asegurar el beneficio de las atenciones de salud mental integral a toda la población, incluyendo la LGTBI. Cuba explica que, en la práctica, estas atenciones en salud mental no se estaban dando en el ámbito privado.
El comunicado emitido el domingo no aclara si habrá una modificación a la norma ya publicada en el diario oficial El Peruano, y se limita a matizar que, para el Ministerio, “la diversidad de género y sexual no son enfermedades” pero, aun así, sostiene, como lo mencionó Cuba a CNN, que la actualización de la norma se basa en el CIE-10 (ICD-10, en inglés), la normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establecía al transexualismo como un “desorden de la identidad sexual” y que ya no está vigente desde 2022.
¿Qué dice la norma?
El Ministerio de Salud emitió el viernes un decreto supremo que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Este plan, firmado por la presidenta Dina Boluarte, es una lista de “condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas” por las instituciones que brindan seguros de salud.
La actualización incluye lo que el gobierno llama el transexualismo, el transvestismo del rol dual, el trastorno de identidad de género en la niñez, el trastorno de la identidad de género, no especificado, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egodistónica en “personas con problemas de salud mental” en el PEAS.
Según el mismo decreto supremo, esta incorporación se hace en base al CIE-10, una normativa de la OMS que incluye una clasificación Internacional de Enfermedades compuesta por códigos que se utilizan en todo el mundo.
La institución explica, en el comunicado, que el CIE-10 se mantiene “vigente en nuestro país” mientras se inicia la implementación progresiva del CIE-11 como en otros países de la región.
Aunque la Asamblea de la OMS dejó de considerar en 2019 que las personas transgénero sufran un trastorno de salud mental, solo en 2022 entró en vigor ese cambio en el código de la agencia, donde elimina las categorías de identidad de género del capítulo de trastornos.
¿Qué dicen los colectivos LGBTQ en Perú?
Pero el comunicado del Ministerio no calmó la polémica entre la comunidad LGBTQ en Perú, que no descarta realizar una protesta pacífica, debido a que sus representantes señalan que la decisión del Gobierno los pone “en grave peligro”.
CNN conversó con Jorge Apolaya, portavoz del colectivo Marcha del Orgullo LGBTI, quien dijo que es “un grave peligro y retroceso aplicar el CIE-10 en todo el aparato estatal”.
Apolaya explica que la nueva normativa de la OMS, es decir la CIE-11, deja de “considerar a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género como una enfermedad, las ‘despatologiza’”. “Es decir, un funcionario que atienda a una persona LGBTI se va a poder amparar tranquilamente en la CIE-10, para poder decir ‘efectivamente lo tuyo es una enfermedad porque nosotros nos regimos con la CIE-10′, entonces es una puerta abierta a la patologización, es una puerta abierta también al peligro que significa esto porque la terapia de conversión intenta convertir a las personas, supuestamente, en heterosexuales”.
En su comunicado de este domingo, el Ministerio de Salud dijo que la orientación sexual y la identidad de género de una persona “no constituye en sí misma un trastorno de la salud física y mental” y que por eso “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”.
Las organizaciones LGBTI “se vienen aglutinando en una plataforma y probablemente estos días vamos a poder acordar salir en una protesta o marcha pacífica”, señaló el portavoz del colectivo.
Por su parte, la organización Más Igualdad Perú presentó este lunes una carta dirigida al Ministerio de Salud de Perú en protesta por la inclusión de la CIE-10 en el decreto. La misiva está firmada por 414 profesionales de la salud mental y cuenta con el respaldo de 176 organizaciones de DDHH, puntualizó el grupo.
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