Con un fallo que revierte protecciones para votantes negros y latinos, avanza el legado de John Roberts en la Corte Suprema

Análisis de Joan Biskupic, CNN

La decisión de la Corte Suprema del miércoles, que revierte protecciones para los votantes negros y latinos, marca otro giro dramático en el largo y arduo esfuerzo de los jueces conservadores por anular medidas vitales para superar el legado de discriminación racial en Estados Unidos.

La decisión también marca un momento decisivo para el tribunal bajo la dirección del presidente John Roberts, quien declaró poco después de incorporarse al estrado en 2005 que “la forma de detener la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.

Hace tres años, los jueces —con el mismo voto de 6 a 3 que el de este miércoles— pusieron fin a la acción afirmativa racial en los procesos de admisión a la educación superior. Esta nueva decisión, que sigue a una serie de fallos encabezados por Roberts y el juez Samuel Alito que restringen el alcance de la Ley de Derecho al Voto de 1965, tendrá repercusiones aún más profundas.

Considerado en su conjunto, este patrón significaría menos posibilidades para que los votantes pertenecientes a minorías elijan a los candidatos de su preferencia. Esto, a su vez, implicaría menos oportunidades para que las voces de los negros, latinos, nativos americanos y otras minorías tengan representación en el Gobierno.

La gravedad de tales consecuencias y las profundas divisiones entre los jueces quedaron patentes en el momento en que se anunció el dictamen desde el estrado del tribunal.

Cuando Roberts reveló por primera vez que se daría a conocer el fallo del caso de Louisiana vs. Callais, indicó que la opinión mayoritaria la tendría el juez Alito. Roberts —cuya antigüedad le otorga la facultad de asignar la redacción de los fallos— había encomendado el caso a un colega con quien ha colaborado estrechamente durante mucho tiempo en cuestiones vinculadas a la raza.

Haciendo caso omiso de la naturaleza histórica de la decisión, Alito comenzó con su habitual tono sobrio, detallando las actuaciones del tribunal inferior en el prolongado caso de Louisiana, que se originó a raíz de la redistribución de distritos electorales tras el censo de 2020. Relató las complejidades de la controvertida Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la discriminación, y describió la evolución de los criterios utilizados para determinar cuándo los votantes negros y de otras minorías pueden tener éxito al impugnar mapas de distritos que diluyen su poder de voto.

Dicha dilución puede surgir, por ejemplo, de métodos legislativos de “fragmentación” (“cracking”) y “concentración” (“packing”), es decir, dispersar o agrupar a los votantes negros entre distintos distritos para debilitar su poder de voto general.

Los demandantes ya no podrían señalar los efectos de la dilución del voto, afirmó Alito. En su lugar, tendrían que demostrar que es probable que los legisladores estatales tuvieran un propósito discriminatorio o, tal como Alito detalló en su opinión, que “las circunstancias den lugar a una fuerte inferencia de que se produjo una discriminación intencional”.

La declaración oral de Alito desde el estrado, así como su opinión escrita en nombre de los seis jueces conservadores, se apoyó en gran medida en la perspectiva de la decisión de Roberts de 2013 en el caso Shelby County vs. Holder, que sostenía que las salvaguardas electorales consagradas en 1965 ya no resultaban esenciales para Estados Unidos.

“Se ha producido un vasto cambio social en todo el país y, particularmente, en el Sur…”, escribió Alito. Adaptando una frase de la decisión de Roberts de 2013, añadió: “Como este tribunal ha reconocido, ‘las cosas han cambiado drásticamente’ en las décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto”.

Cuando la jueza Elena Kagan —quien ocupa un asiento contiguo al de Alito en el estrado elevado— tomó la palabra en nombre de los tres jueces liberales disidentes, se refirió de manera explícita y enfática al caso de Shelby County y a la línea de sentencias que han ido desmantelando las protecciones de los derechos electorales.

“El proyecto de este tribunal para destruir la Ley de Derecho al Voto ya se ha consumado”, declaró. Refiriéndose a dicha ley, afirmó: “Nació literalmente de la sangre de los soldados de la Unión y de los manifestantes por los derechos civiles”.

Mientras Roberts y Alito observaban a los espectadores con semblante inexpresivo, Kagan señaló: “Durante más de una década, este tribunal ha puesto su mira en la Ley de Derecho al Voto”.

De hecho, la decisión del miércoles podría haber sido inevitable, dada la transformación que ha experimentado la composición del tribunal desde que Roberts asumió su dirección hace más de dos décadas. Se han incorporado cuatro nuevos jueces conservadores, tres de los cuales fueron designados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Ahora, el objetivo del tribunal bajo la presidencia de Roberts se alinea notablemente con los propios esfuerzos de Trump por restringir las protecciones de los derechos electorales e influir en las próximas elecciones de mitad de mandato. Las autoridades de algunos estados dominados por los republicanos —incluida Florida— se mostraron dispuestas de inmediato, ya el miércoles, a aprovechar el fallo para rediseñar sus mapas electorales. Y, con lo que Kagan describió como los “estándares probatorios inventados e imposibles de cumplir” del tribunal, advirtió que la decisión “da luz verde a planes” de restribución de distritos que perjudicarían a las minorías en todo el país.

Roberts ha guiado al tribunal hacia el fin de las políticas basadas en la raza en las escuelas públicas, en la educación superior y, de manera más amplia, en las leyes electorales. Con algunas excepciones, ha actuado en sintonía con Alito, quien se incorporó al tribunal en enero de 2006, cuatro meses después que Roberts.

Ambos hombres fueron designados por el presidente George W. Bush y, si bien difieren en temperamento y en su consideración por las apariencias institucionales, la mayoría de las veces votan juntos.

Cuando Roberts ocupó cargos destacados en las administraciones de Ronald Reagan y, posteriormente, de George H.W. Bush durante las décadas de 1980 y 1990, abogó por una interpretación restrictiva de la Ley de Derecho al Voto. En memorandos de aquella época, Roberts dejó constancia de su convicción de que las protecciones federales para los votantes negros, hispanos y de otras minorías —establecidas durante la era de los derechos civiles en la década de 1960— ya no se justificaban.

Solo desde que asumió el cargo de presidente de la Corte Suprema ha podido llevar a la práctica su visión. Una visión que Alito entretejió a lo largo de la opinión emitida el miércoles.

Incluyó varias referencias a la histórica sentencia del caso de Shelby County. En aquel caso de 2013, la mayoría desmanteló una parte de la Ley de Derecho al Voto que exigía a los estados con un historial de discriminación obtener la aprobación del Departamento de Justicia antes de modificar sus procedimientos electorales.

Alito se sumó a su postura en 2013 y también con anterioridad, en un caso de 2006, cuando Roberts escribió: “Es un asunto sórdido, esto de dividirnos según la raza”. (Alito fue el único magistrado que firmó dicha opinión —una disidencia parcial— en el marco de una disputa sobre la redistribución de distritos electorales en Texas).

Fue durante una controversia sobre la integración escolar en 2007 cuando Roberts escribió que “la forma de poner fin a la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza”.

Alito, junto con otros magistrados conservadores, respaldó al presidente del tribunal en aquella ocasión, así como en 2023, cuando Roberts lideró al tribunal para poner fin a la acción afirmativa racial. Alito también hizo una breve referencia a ese caso de Harvard en la jornada del miércoles.

Lo más crucial para la historia de discriminación racial de la nación es que la medida adoptada este miércoles debilita aún más la emblemática Ley de Derecho al Voto de 1965, una norma que otorgó el derecho al voto a los votantes negros y a otras minorías a quienes se les había impedido acudir a las urnas.

La ley de Derecho al Voto fue aprobada únicamente tras el ataque del “domingo sangriento” en el puente Edmund Pettus, en Selma. Durante aquel enfrentamiento del 7 de marzo de 1965, agentes del sheriff golpearon a los manifestantes por los derechos civiles mientras estos intentaban cruzar el puente.

Dado este trasfondo histórico, este ámbito del derecho ha suscitado desde hace mucho tiempo opiniones profundamente divididas. De hecho, ya existían indicios previos de que los magistrados tenían dificultades para resolver la controversia surgida en Louisiana.

El caso de Louisiana se había presentado a debate por primera vez hace dos años. Sin embargo, los magistrados solicitaron entonces una nueva ronda de argumentos, lo que presagiaba que el bloque conservador podría estar encaminándose hacia un fallo de gran calado que afectaría a los derechos de voto, no solo en Louisiana, sino en todo el país.

Un tribunal federal de instancia inferior había dictaminado que era probable que los legisladores de Louisiana hubieran infringido la Sección 2 de la ley, y ordenó la creación de un segundo distrito electoral con mayoría de población negra. (Anteriormente, solo uno de los seis distritos congresuales de Louisiana contaba con una mayoría de votantes negros).

Posteriormente, un grupo de residentes blancos impugnó el nuevo mapa electoral, argumentando que la medida correctiva habitual aplicada en virtud de la Sección 2 constituía una vulneración de la garantía de igualdad consagrada en la Constitución. El grupo hizo referencia a la tendencia general de la Corte Suprema, cada vez más marcada, de mostrarse reacia a los programas basados ​​en criterios raciales.

Los magistrados se habían apartado ligeramente de esa pauta en un caso de redistribución de distritos electorales de Alabama, resuelto en 2023. En aquella ocasión, dictaminaron que el uso de criterios raciales no solo era admisible, sino que incluso podría ser obligatorio, con el fin de compensar los efectos de un mapa electoral anterior de carácter discriminatorio. A partir de ahora, aquel fallo será considerado como un caso excepcional y aislado.

El miércoles, la Corte Suprema no llegó explícitamente tan lejos como pretendían los demandantes blancos —quienes aspiraban a que se prohibiera cualquier consideración de la raza como medida correctiva ante un mapa electoral presuntamente sesgado—. No obstante, en el contexto altamente partidista de la redistribución de distritos, resultará sumamente difícil para cualquier demandante aportar pruebas de que un distrito electoral concreto fue trazado no por motivos políticos, sino con la intención específica de diluir el poder de voto de las comunidades negras o latinas.

La mayoría encabezada por el magistrado Alito retomó los argumentos de un fallo anterior, redactado por él mismo en 2021, en el caso de Arizona Brnovich vs. el Comité Nacional Demócrata. En dicha sentencia, esa misma mayoría de seis magistrados limitó el alcance de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto en lo referente a determinadas prácticas electorales que no guardaban relación directa con la redistribución de distritos. El tribunal ratificó la validez de ciertos requisitos, tales como la anulación de las papeletas de voto depositadas en un distrito electoral incorrecto, así como la tipificación como delito de la recogida de votos por correo por parte de terceros (una práctica que, en ocasiones, se utilizaba en las zonas tribales remotas de dicho estado).

Alito citó dicha resolución como un nuevo precedente que allana el camino hacia una interpretación de la responsabilidad jurídica bajo la Ley de Derecho al Voto según la cual solo cabría exigir dicha responsabilidad cuando la práctica en cuestión esté motivada por un propósito discriminatorio.

La magistrada Kagan no cuestionó la veracidad de dicha afirmación. Por el contrario, la utilizó para reforzar su propio argumento: que la mayoría conservadora había estado preparando estratégicamente el terreno para llegar a este momento, un momento que, a su juicio, entra en conflicto directo con el objetivo fundamental de la Ley de Derecho al Voto. “Incluso después de que la Decimoquinta Enmienda prohibiera la discriminación racial en el voto, los funcionarios estatales privaron sistemáticamente a los afroamericanos de sus derechos electorales”, relató ella.

“Mediante una gama de mecanismos aparentemente ilimitada —la mayoría de ellos, en apariencia, neutrales en cuanto a la raza, y entre los cuales se encontraba el trazado de los límites de los distritos electorales—, los estados impidieron a los ciudadanos negros emitir su voto o se aseguraron de que sus sufragios tuvieran un valor prácticamente nulo”, escribió Kagan.

“La Ley de Derecho al Voto se concibió como la medida correctiva”, añadió.

Roberts, en 2013, y Alito, este miércoles, reconocieron el legado que rodea a la Ley de Derecho al Voto. Sin embargo, tal como ocurrió en aquel hito de 2013, Alito y los demás magistrados de la mayoría esgrimieron ese éxito para desestimar los efectos persistentes del sesgo racial.

“Nuestra nación ha realizado grandes avances en la erradicación de la discriminación racial en el voto”, escribió Alito el miércoles, citando a Roberts en 2013. “Y si, como resultado de este progreso, resulta difícil hallar pruebas pertinentes relativas a una discriminación intencional en el voto en la actualidad, ello constituye un motivo de celebración”.

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