El pasado “mujeriego” de Trump está en la mira. Sus aliados preparan una nueva lucha contra la pornografía

Alexandra Ferguson

(CNN) — Durante las últimas semanas, los testigos en el juicio de Donald Trump por el pago de dinero por silencio han evocado un capítulo de su pasado, cuando la industria del entretenimiento para adultos lo ayudó a blandir una imagen de playboy de Manhattan.

Si algunos de los aliados del expresidente se salen con la suya, un segundo mandato de Trump pondría a ese sector contra las cuerdas, y potencialmente a sus actores y productores tras las rejas.

Un movimiento para frenar la pornografía en línea se está intensificando rápidamente, alimentado por la indignación conservadora y el creciente malestar por la facilidad de acceso a los contenidos sexuales en línea, especialmente para los menores. En docenas de estados, la industria del porno se defiende y se enfrenta a nuevas amenazas a su existencia tras décadas de expansión en la era de Internet.

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Ahora, los partidarios de esta iniciativa se preparan para llevarla al ámbito nacional, poniendo sobre aviso tanto a los productores de pornografía como a los profesores, bibliotecarios y empresas tecnológicas, y cada vez ven más a Trump como una pieza clave en la lucha que se avecina.

“Es una muy buena oportunidad para que el presidente Trump siga construyendo sobre su legado de apoyo a las familias trabajadoras y a los menores”, dijo Terry Schilling, presidente de American Principles Project, una de las fuerzas impulsoras de las nuevas leyes estatales.

La causa cuenta con apoyos en algunas de las más altas esferas de la órbita de Trump, como la Heritage Foundation, un think tank conservador con sede en Washington que ya está sentando las bases para el posible regreso del republicano a la Casa Blanca. A través de su iniciativa Project 2025, la organización publicó un anteproyecto de 900 páginas para otro mandato de Trump. La pornografía se menciona en la primera página; prohibir la pornografía y encerrar a quienes la producen se proponen en la página 5.

A primera vista, Trump parece un defensor improbable de la represión de la industria del entretenimiento para adultos. Mucho antes de iniciar una carrera política, Trump desarrolló una historia con Playboy, la revista masculina que ayudó a generalizar la pornografía y fue pionera en su lugar en la batalla legal sobre la libertad de expresión. Fue invitado ocasional a la famosa mansión Playboy de Hugh Hefner e hizo cameos en películas de pornografía softcore producidas por la empresa, aunque no en escenas de contenido sexual o desnudos. Durante su campaña de 2016, mostró con orgullo un número de la revista Playboy en el que aparecía en portada.

Las acusaciones derivadas de ese periodo, incluidas las aventuras con la estrella del porno Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal, son el núcleo del caso de la fiscalía de Manhattan contra Trump, el primer proceso penal contra un presidente estadounidense. McDougal afirmó anteriormente que conoció a Trump en la Mansión Playboy, un encuentro que, según ella, condujo a una aventura de ocho meses. En su testimonio de la semana pasada, Daniels dijo que su encuentro con Trump en 2006 se produjo en un torneo de golf de famosos en Lake Tahoe, donde su compañía de cine para adultos patrocinó un hoyo. Trump ha negado las afirmaciones.

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Al presidente de Heritage, Kevin Roberts, no le preocupa el pasado de Trump. Lo comparó con la parábola del hijo pródigo, una enseñanza del Nuevo Testamento sobre el perdón paterno concedido a un hombre que despilfarra la fortuna de su padre con indulgencias.

“Entendemos que nuestro señor trabaja con instrumentos imperfectos, incluidos nosotros”, dijo Roberts en una entrevista reciente con CNN. “Aunque en la superficie parece una contradicción, en conjunto, puede convertirle en un mensajero más poderoso si lo acepta”.

Roberts no ha discutido el tema directamente con Trump, pero ha hablado con la campaña y dijo que hay sintonía entre aquellos que tienen influencia política, incluido Ben Carson, el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Charlie Kirk, fundador del grupo conservador de votantes jóvenes Turning Points USA y estrecho aliado de Trump, también ha hecho de la lucha contra la pornografía un tema recurrente de su popular podcast.

“Sin ser presuntuoso con la voluntad del presidente, al menos habrá conversaciones sobre que esta es una prioridad que podemos abordar”, dijo Roberts.

Al ser preguntada por el enfoque en la pornografía del Project 2025 y otros grupos estrechamente alineados, la campaña de Trump apuntó a una declaración pasada de sus principales asesores, Chris LaCivita y Susie Wiles, restando importancia a cualquier conexión entre esas organizaciones y los planes del expresidente para un segundo mandato.

“Seamos muy específicos aquí: a menos que un mensaje provenga directamente del presidente Trump o de un miembro autorizado de su equipo de campaña, ningún aspecto de los futuros anuncios presidenciales sobre personal o políticas debe considerarse oficial”, decía el comunicado de LaCivita y Wiles.

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“El sexo es el canario en la mina de carbón”

La Corte Suprema ha considerado inconstitucionales anteriores intentos de frenar la pornografía en línea por motivos relacionados con la Primera Enmienda. Pero el grupo de Schilling y otros han conseguido que un número cada vez mayor de estados vuelva a poner a prueba el sistema legal.

En los últimos dos años, 10 estados han tomado medidas para obligar a los sitios web para adultos a verificar la edad de sus usuarios, a menudo con apoyo bipartidista, y las legislaturas de otras dos docenas están considerando una legislación casi idéntica, según un rastreador de proyectos de ley mantenido por la Free Speech Coalition, el grupo de defensa de la industria de la pornografía en línea. En algunos estados, no se puede acceder a los sitios web de pornografía sin mostrar una identificación que confirme que el usuario es mayor de 18 años.

Los partidarios de estas leyes argumentan que las herramientas para restringir los sitios web se han vuelto más sofisticadas en las dos décadas transcurridas desde que la Corte Suprema anuló el primer intento del Congreso de exigir controles de edad. Señalan sectores como el juego en línea y la venta de alcohol por móvil que han integrado con éxito la verificación de la edad. Mientras tanto, la disponibilidad del internet ha hecho mucho más fácil que los contenidos sexuales lleguen a los menores de una manera que requiere una acción legislativa, dicen.

La industria del porno y los defensores de la libertad de expresión sostienen que estas leyes violan el derecho de los adultos a producir y ver contenidos sexuales. Exigir una identificación expedida por el gobierno para ver pornografía equivale a permitir que el Gran Hermano se entrometa en los aspectos más íntimos de la vida personal de los estadounidenses, argumentan.

El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la entrada en vigor de la versión texana de la ley mientras se estudia un recurso de apelación.

“El sexo es el canario en la mina de carbón de la libertad de expresión”, dijo Mike Stabile, portavoz de la Coalición por la Libertad de Expresión. “Puede sonar bien crear leyes de verificación de edad, pero lo que esta gente realmente está tratando de hacer es crear un régimen de censura más amplio para que tengas que demostrar quién eres para acceder a contenido sensible”.

Pornhub, uno de los sitios web con más tráfico del mundo, y sus webs hermanas han bloqueado el acceso en siete estados –Virginia, Montana, Carolina del Norte, Arkansas, Utah, Mississippi y Texas– como medida para cumplir con las nuevas leyes.

La industria para adultos insiste en que no quiere que los menores accedan a su material, pero dice que la responsabilidad debería recaer en Apple, Google y otros fabricantes de dispositivos para que vendan teléfonos y tabletas con una configuración predeterminada que garantice que los niños no puedan acceder a contenidos para adultos, una alternativa a la que se oponen las empresas tecnológicas.

“Los padres, y no el Gobierno, son los más indicados para tomar estas decisiones en función de las necesidades y valores de sus familias”, afirma Robert Winterton, portavoz de NetChoice, una organización que representa a empresas tecnológicas como Amazon, X y Facebook. “Es poco probable que los mandatos de talla única sean eficaces y corren el riesgo de socavar la autoridad constitucional y parental”.

Los proveedores de pornografía en línea han asumido desde hace tiempo que la reciente oleada de leyes de restricción de edad es un medio para acabar con su negocio. En Louisiana, el primer estado en aprobar este tipo de leyes, Pornhub experimentó un descenso del tráfico del 80%, según declararon ejecutivos de la empresa a CNN, citando datos de Google Analytics.

El Project 2025 de Heritage ha dado credibilidad a sus preocupaciones. Compara la pornografía con las drogas ilícitas al declarar que el contenido “debería prohibirse” y “las personas que lo producen y distribuyen deberían ser encarceladas”. Los profesores y bibliotecarios que distribuyen contenidos que Heritage considera pornográficos “deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados”, prosigue el documento, y las empresas tecnológicas que facilitan su difusión “deberían ser clausuradas”.

“Consideramos que la pornografía socava el bien público, no solo para los menores, sino para todos los adultos”, declaró Roberts a CNN. “Creemos que eso le compete al Congreso”.

El National Center on Sexual Exploitation, un destacado defensor contra la pornografía que durante la mayor parte de su existencia se hizo llamar “Morality in Media” y que ha colaborado de cerca en estas leyes estatales, también declaró públicamente que su objetivo es “asegurar que la industria de la pornografía online sea desmantelada de una vez por todas”.

“Estas leyes no funcionan porque no fueron diseñadas para funcionar”, dijo Solomon Friedman, abogado y socio cofundador de Ethical Capital Partners, la firma canadiense que compró Pornhub el año pasado. “No se diseñaron para proteger a los jóvenes del acceso a contenidos para adultos. Se diseñaron para proteger a los adultos del acceso a contenidos para adultos, que, por supuesto, es su objetivo declarado. No es una teoría de la conspiración cuando está escrito en la página 1”.

Schilling negó que su organización esté trabajando para conseguir una prohibición federal del porno, y declaró a CNN: “Ya ha sido bastante difícil conseguir que los legisladores se sumen a la verificación de la edad”. “La política y las políticas públicas tienen que basarse en la realidad política”, dijo.

Dada la influencia de Heritage (la organización está llena del personal del expresidente, y la persona que dirige el Project 2025, Paul Dans, es un exfuncionario del gobierno de Trump que dijo en una reciente reunión de locutores religiosos que espera regresar a la Casa Blanca si los republicanos salen victoriosos este otoño) no están desestimando la amenaza, dijo Stabile.

“Nos lo estamos tomando mortalmente en serio”, dijo Stabile. “No sólo para nosotros, sino para todo tipo de comunidades en torno al sexo o el género. Para nosotros no es una broma. Esto no es teórico”.

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Próximos pasos

Schilling y otros quieren que el Gobierno de Trump utilice de forma más agresiva al Departamento de Justicia de EE.UU. para utilizar las leyes existentes para perseguir los contenidos que consideran obscenos. También han propuesto una versión federal de la legislación de verificación de edad que se ha aprobado con éxito en los estados.

“Tiene que ser nacional”, dijo Schilling. “¿Por qué los niños de California no deberían estar protegidos de la pornografía en línea?”.

Cualquier ley firmada por Trump chocaría con las mismas objeciones constitucionales planteadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en el pasado, dijo Stuart Brotman, profesor de Medios de Comunicación en la Universidad de Tennessee, Knoxville. Sus defensores esperan que el Tribunal, de tendencia conservadora e integrado por tres personas nombradas por Trump, adopte una postura diferente. Brotman, que ha escrito mucho sobre pornografía y libertad de expresión, incluido un libro sobre Hefner, de Playboy, se muestra escéptico.

“El tribunal Roberts ha sido considerado un tribunal muy favorable a la Primera Enmienda”, dijo Brotman. “Sería difícil para algunos de los jueces ahora indicar que hay una visión más estrecha de la Primera Enmienda”.

Si Trump opta por abrazar esta causa, no sería la primera vez. La plataforma del Partido Republicano cuando fue nominado por primera vez en 2016 decía que la pornografía estaba “destruyendo las vidas de millones”. Ese mismo año, Trump firmó una promesa de que consideraría una comisión presidencial para examinar el “impacto en la salud pública de la pornografía en Internet en los jóvenes, las familias y la cultura estadounidense”.

Los defensores fueron finalmente defraudados por su administración, dijo Ben Bull, asesor general del Centro Nacional de Explotación Sexual. “No sabemos si esta vez se trata de conveniencia política o de corazón”, dijo Bull. “Ya lo veremos. Pero solo puedes engañar a la gente hasta cierto punto”.

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